Investigación revela venta irregular de lanchas decomisadas en base naval de La Mosquitia
Puerto Lempira, Gracias a Dios. Una nueva sombra de corrupción envuelve a las Fuerzas Armadas de Honduras tras la revelación de un escándalo por la venta irregular de lanchas rápidas decomisadas en operaciones antidrogas en La Mosquitia. Informes internos de la institución castrense señalan que al menos tres embarcaciones, incautadas a estructuras criminales, desaparecieron de la base naval de Caratasca y una de ellas fue vendida de manera clandestina.
La denuncia, contenida en un documento de carácter confidencial , apunta a que los bienes fueron comercializados sin ningún respaldo legal y sin la autorización del Estado. Uno de los navíos estaba vinculado directamente con la banda del reconocido narcotraficante Fredy Donaldo Márquez Bonilla, alias “Pescado Bonilla”, quien mantiene operaciones de tráfico de drogas en la zona atlántica del país.
Equipos decomisados y luego vendidos
Las embarcaciones fueron incautadas en diferentes operaciones realizadas por cuerpos de seguridad del Estado en el litoral atlántico, específicamente en zonas de alta incidencia del narcotráfico como Brus Laguna, Puerto Lempira y alrededores de la laguna de Caratasca. La mayoría de estos vehículos navales eran tipo “go fast”, con motores de alta potencia, muy utilizados por las estructuras del narco para mover cargamentos de droga hacia el norte.
Una de las lanchas más valiosas, decomisada en una operación contra la banda de “Pescado Bonilla”, fue transferida a la base naval como parte del inventario de bienes incautados. No obstante, meses después desapareció de las instalaciones sin que existiera un expediente de entrega o subasta pública.
Fuentes militares, bajo condición de anonimato, confirmaron que al menos una de las embarcaciones fue vendida a un empresario local por aproximadamente 600,000 lempiras, sin que existiera ningún proceso de adjudicación legal.
“No existe justificación oficial”
En un informe firmado por oficiales de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas, se expresa que “no existe ninguna documentación legal, orden de subasta ni registro de entrega a instituciones del Estado” que justifique la salida de las lanchas del inventario. También se señala que los responsables de la base de Caratasca no pudieron presentar bitácoras, inventarios actualizados ni informes de mantenimiento de las naves incautadas.
El informe detalla que la venta fue autorizada verbalmente por un oficial de alto rango, actualmente asignado a otra unidad militar. La Secretaría de Defensa no ha emitido hasta ahora ninguna posición oficial sobre el caso, mientras las investigaciones internas continúan bajo fuerte hermetismo.
Relación con el crimen organizado
Las lanchas incautadas son una pieza clave en la lucha contra el narcotráfico, ya que permiten identificar los movimientos logísticos de las bandas y son evidencia directa en procesos judiciales. El hecho de que una de estas embarcaciones haya sido vendida sin control levanta preocupaciones sobre una posible infiltración de redes criminales dentro de instituciones del Estado.
Exigen intervención del Ministerio Público
Diversos sectores de sociedad civil y analistas en temas de seguridad han exigido que el Ministerio Público abra una investigación penal y que se individualicen responsabilidades. “Este es un caso grave de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de bienes del crimen organizado que el Estado decomisó, y luego fueron vendidos como si fueran propiedad privada. Esto no puede quedar impune”, expresó el abogado Marvin Ponce, experto en temas de seguridad nacional.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) también ha solicitado que se haga pública la lista de bienes decomisados en operativos antidrogas de los últimos cinco años, con el objetivo de verificar si han sido correctamente transferidos al Estado o si han sufrido el mismo destino irregular.
Conclusiones preliminares
Mientras no se esclarezca la venta de estas lanchas y no se establezcan responsables, la credibilidad de las Fuerzas Armadas y su rol en la lucha contra el narcotráfico seguirá siendo cuestionada. El caso refleja la urgente necesidad de transparentar la administración de bienes incautados y fortalecer los mecanismos de fiscalización en instituciones clave de seguridad.
Por ahora, la única certeza es que al menos tres embarcaciones, fundamentales para esclarecer rutas del narco en el Caribe hondureño, han desaparecido en circunstancias turbias desde una base militar que, paradójicamente, debía resguardar los intereses del Estado.
