Por Redacción Investigativa
28 de junio de 2025
Tegucigalpa, Honduras — Nuevas revelaciones colocan en el centro de la controversia a la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Copán, Isis Cuéllar, tras conocerse que habría solicitado y obtenido el visto bueno para el desembolso de más de 37 millones de lempiras, en circunstancias que apuntan a una posible red de desvío de recursos públicos con fines políticos y personales.
De acuerdo con información obtenida, el mecanismo de solicitud de fondos fue activado por la congresista mediante una carta dirigida a la Subsecretaría de Finanzas, donde Cuéllar solicitó el traslado de los recursos bajo el argumento de «apoyar proyectos sociales» en su departamento. No obstante, informes posteriores sugieren que los fondos fueron canalizados a través de organizaciones fantasmas o sin respaldo legal, y en algunos casos, asignados directamente a familiares y personas cercanas a la diputada.
Un patrón de desvío de fondos
Las evidencias apuntan a que Cuéllar recurrió a una práctica cada vez más común dentro de la política hondureña: el uso de fondos estatales disfrazados como ayudas comunitarias, sin procesos de licitación, supervisión ni fiscalización por parte de entes competentes.
La Secretaría de Transparencia ha confirmado que al menos tres organizaciones beneficiadas por el desembolso de los L37 millones no están registradas legalmente, ni ante la SAR ni ante la Cámara de Comercio. Entre estas figuras aparece una supuesta asociación civil que opera desde un domicilio inexistente en el municipio de La Entrada, Copán.
De igual forma, se ha documentado que al menos L3 millones fueron entregados en cheques a nombre de personas vinculadas familiarmente con la congresista, incluyendo a su cuñada, un primo y una persona identificada como su asistente personal. Ninguna de estas transacciones presenta documentación de respaldo o evidencia de ejecución de proyectos comunitarios.
Reacciones ante el escándalo
El escándalo ha generado una fuerte ola de críticas desde diversos sectores. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) calificó el caso como «un ejemplo claro de la captura política del presupuesto nacional», mientras que el analista político Joaquín Mejía advirtió que “esto confirma que el clientelismo político sigue rigiendo la asignación de fondos públicos en el país”.
Desde el Congreso Nacional, diputados de la oposición han exigido una auditoría inmediata y una investigación formal por parte del Ministerio Público. El diputado Luis Redondo, presidente del Legislativo, afirmó que cualquier acto de corrupción será remitido a los órganos competentes, sin importar el partido político al que pertenezca el implicado.
Sin embargo, sectores de Libre han cerrado filas alrededor de Cuéllar. La congresista, por su parte, ha negado cualquier irregularidad, asegurando que “todo el proceso se hizo conforme a la ley” y que su objetivo era “llevar alivio a comunidades olvidadas de Copán”.
Investigación en curso
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) ya ha solicitado acceso a la documentación original del desembolso. Según fuentes del Ministerio Público, se investiga si hubo abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito.
Además, se ha revelado que parte de los fondos fueron transferidos a cuentas bancarias de terceras personas no vinculadas a ningún proyecto social, lo que podría configurar el delito de lavado de activos si se demuestra que el dinero fue desviado con pleno conocimiento y consentimiento de la diputada.
El contexto político y la impunidad
Este caso se da en un ambiente ya enrarecido por múltiples denuncias de corrupción dentro del gobierno de Libre, que ha prometido una “refundación ética” del Estado pero enfrenta crecientes acusaciones de prácticas similares a las administraciones anteriores.
Para muchos, la situación de Isis Cuéllar no es un caso aislado, sino parte de un patrón de uso discrecional del dinero público con fines políticos y clientelistas, particularmente de cara a las próximas elecciones internas y generales.
Si se comprueba la veracidad de las acusaciones, este caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción dentro del actual gobierno y marcar un hito en la lucha por la transparencia y rendición de cuentas en Honduras.
