Analistas califican como un «abuso» el uso discrecional de recursos públicos.“Lo que estamos viendo es apenas la punta del iceberg.
Tegucigalpa, Honduras — 5 de julio de 2025.
El manejo discrecional de más de 261 millones de lempiras en fondos públicos por parte de al menos 17 diputados ha desatado una tormenta política que amenaza con derivar en una crisis institucional. Ante la gravedad del caso, distintos sectores sociales, analistas políticos y organizaciones de transparencia están exigiendo que la investigación no se limite únicamente a tres instituciones —la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)—, sino que se amplíe a todas las dependencias estatales que han transferido recursos a parlamentarios.
La polémica estalló cuando se reveló que 15 diputados oficialistas y 2 liberales gestionaron millonarias sumas bajo el rótulo de «fondos sociales» entre 2023 y 2024. Aunque estos recursos deberían destinarse a proyectos comunitarios, ayudas humanitarias y programas de desarrollo local, no hay certeza sobre el uso ni rendición de cuentas de los mismos. Las dudas crecen al descubrir que muchos de estos fondos fueron canalizados sin mecanismos claros de fiscalización ni control administrativo.
Un patrón que se repite
Unidad de Investigación reveló que los fondos gestionados por los diputados provienen mayoritariamente de la Secretaría de Gobernación, pero también de Sedesol y el FHIS. Sin embargo, analistas advierten que es probable que existan otros entes públicos involucrados en estas transferencias, como el Instituto de la Propiedad, la Secretaría de Salud, Educación e incluso entes descentralizados con presupuesto propio.
“Lo que estamos viendo es apenas la punta del iceberg. Si no se abre la investigación a todas las instituciones que manejan fondos públicos, el país podría estar tolerando una red de clientelismo político disfrazado de ayuda social”, alertó Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Ramírez agregó que la forma en que los diputados gestionan y redistribuyen estos fondos se asemeja a prácticas de “patrocinio político”, lo cual debilita la institucionalidad, fomenta la corrupción y convierte el presupuesto nacional en un instrumento de campaña.
Caos e ingobernabilidad: el riesgo latente
“En lugar de fortalecer la democracia, estamos viendo cómo se usa el dinero del Estado para fines personales o partidarios. Esto es inaceptable en cualquier sistema democrático que se precie de ser transparente”.
El tema ha escalado tanto que incluso diputados que no figuran en las listas divulgadas están solicitando públicamente auditorías a las transferencias. “Queremos que esto se aclare, que se sepa quién gestionó, para qué y cómo se usaron los recursos. No se puede seguir generalizando que todos somos corruptos”, dijo un congresista del Partido Nacional que prefirió no revelar su nombre.
La reacción del Congreso: silencio y evasivas
Hasta el momento, las autoridades del Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, no han dado declaraciones formales respecto a las denuncias. Algunos miembros de la Junta Directiva han rechazado los señalamientos, argumentando que “todo ha sido hecho conforme a ley”, pero sin ofrecer evidencia que respalde esas afirmaciones.
En tanto, el oficialismo ha guardado silencio, lo que ha sido interpretado por la oposición como una “admisión tácita de irregularidades”.
