San Pedro Sula / Tegucigalpa – Una investigación periodística revela cómo la diputada Isis Cuéllar, del partido Libre, gestionó contratos y ayudas públicas a favor de personas cercanas a su entorno personal y político. Entre los beneficiados figuran su asistente personal, Ilsy Valeska Baquedano Mejía, y su excunada, Iris Paola Pérez Moreno.
Isis Baquedano (la de la izquierda) Recibió un beneficio de 92,139.99 como ayuda para montar un estudio de fotografía , y Paola Pérez recibió 100000.00 para arreglar su casa.
Contratos de la SIT
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Después fueron beneficiadas en noviembre y diciembre de 2024, Baquedano y Pérez con contratos adjudicados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), por aproximadamente 1.25 millones de lempiras cada una, para realizar labores de limpieza en tramos carreteros de Copán.
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Ambos contratos se otorgaron mediante contratación directa y presentan conflictos de interés, ya que las beneficiarias formaban parte del círculo íntimo de la diputada Isis Cuellar, siendo Isis Baquedano y Paola Pérez, amiga y cuñada respectivamente.
Ayudas sospechosas de Sedesol
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En paralelo, Cuéllar gestionó al menos 40 cheques por un total de 4.7 millones de lempiras con recursos de Sedesol, destinados a supuestas ayudas solidarias para personas “vulnerables” en Copán .
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El 94 % de las 65 solicitudes gestionadas por Cuéllar en 2023 muestran irregularidades como cotizaciones duplicadas, documentos repetidos y falta de respaldo técnico.
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En julio de 2025, el partido Libre suspendió a Isis Cuéllar de sus cargos dentro del partido y en el Congreso Nacional, ante la creciente presión pública y política por los indicios de desvío de fondos.
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El diputado suplente Víctor Hugo Romero y otros dirigentes exigen al **Ministerio Público» iniciar una investigación que incluya juicio político y eventual sanción para Cuéllar.
Balance final
Este caso ilustra un presunto esquema de uso discrecional de fondos públicos en beneficio de allegados políticos, violando principios de transparencia y vulnerando los criterios de asistencia social. El vínculo entre la contratista, la asistente y la diputada añade gravitación al conflicto ético. Las autoridades enfrentan ahora exigencias ciudadanas para investigar el destino real de estos recursos y determinar responsabilidades.
