Choluteca, Honduras – Lo que comenzó con promesas de ganancias semanales se convirtió en una pesadilla que ha dejado sumidos en la ruina a cientos de vendedores, docentes y empleados públicos en Choluteca. Así lo asegura la Unidad de Investigación de La Prensa Premium tras sus reportes del 20 de julio, donde resaltan testimonios conmovedores de inversiones que iban desde L 10,000 hasta más de L 2 millones entre pequeños comerciantes y burócratas locales.
Historias que duelen
Doña Glenda Guevara, propietaria de una tienda de calzado, confiesa haber invertido sus ahorros “de la venta una semana antes”, creyendo en la promesa de duplicar el dinero. Hoy, con la inversión desaparecida, enfrenta una deuda que amenaza con cerrar su negocio.
El docente Carlos Mario Herrera, quien acudió a la empresa el día del allanamiento (23 de abril), lamenta: “Yo ese día dije: ‘Ya perdimos el dinero’. Empecé invirtiendo de mi sueldo y después saqué cuatro préstamos” . Herrera, miembro de la junta de socios en Choluteca, ha recopilado más de 1,300 contratos que suman más de L 212 millones, y estima que el 60 % de los damnificados son empleados públicos y comerciantes .
El desplome de las oficinas de Koriun
Visitas de seguimiento revelaron que las instalaciones de Koriun en Choluteca fueron vaciadas: árboles de seguridad desmantelados, vidrios rotos y la supuesta retirada del mobiliario a escondidas por sujetos vinculados a Gustavo Flores, administrador local de la empresa .
Según testimonios de vecinos, “llegaron con un pick‑up rojo y se llevaron sillas y muebles… como ratas”, contó una fuente cercana. Las oficinas ahora lucen cerradas, cubiertas con fragmentos de vidrio y faltas de vigilancia.
Responsabilidades penales en marcha
Iván Abad Velásquez, gerente general, junto con su esposa Kefi Gavarrete, Marco Villeda, y Gustavo Flores, fueron acusados por delitos de lavado de activos. Mientras Flores Carbajal enfrenta medidas de prisión preventiva por este cargo, según el Poder Judicial al cierre de junio.
Además, el Ministerio Público amplió la acusación por asociación ilícita el pasado mes, adelantando que “se van a pudrir en la cárcel si no dicen la verdad” .
Los millones que se esfumaron
Durante el allanamiento del 23 de abril, ATIC y Fiscalía aseguraron L 358.7 millones en efectivo distribuidos en varias oficinas y una residencia particular. También se incautaron cuentas bancarias y dólares.
Sin embargo, en una auditoría inicial realizada el 12 de mayo se encontró evidencia de respaldo solo para L 90 millones en transacciones efectivamente entregadas, lo que representa apenas una fracción del efectivo incautado.
Un movimiento organizado de damnificados
Más de 1,300 socios han conformado una junta directiva formalizada ante notario y están reuniendo fondos (L 50 por persona) para costear representación legal, viajes a Tegucigalpa y trámites ante CNBS y Poder Legislativo . Planean incluso la creación de su propia financiera legal, siguiendo estrictamente los procedimientos ante CNBS .
El reto institucional y el llamado a justicia
Este escándalo ha puesto en evidencia el colapso de los mecanismos de supervisión financiera en Honduras. La CNBS advirtió desde febrero que Koriun no estaba registrada y sus aportes no estaban protegidos. Las autoridades destacan que luego del operativo “Koriun ya no puede operar legalmente” .
Para los afectados, el siguiente paso clave es que el Estado defina con claridad cómo se devolverán los fondos. Mientras tanto, los damnificados mantienen bloqueos carreteros y protestas en varias regiones (Copán, Santa Bárbara y La Entrada) para presionar por una pronta resolución judicial y financiera.
📌 En resumen
| Elemento | Situación actual |
|---|---|
| Víctimas | Comerciantes, empleados públicos, docentes y jubilados |
| Dinero captado | L 358.7 millones incautados; apenas L 90 millones con respaldo |
| Responsables | 4 detenidos, procesados por lavado y asociación ilícita |
| Impacto social | Protestas, bloqueos y crisis económica local |
| Avance legal | Devolución pendiente, CNBS prohíbe nuevas operaciones |
| Acción colectiva | Junta de socios en espera de respaldo legal |
Originales testimonios, cifras oficiales y la magnitud del caso dejan claro que los comerciantes y empleados públicos de Choluteca fueron tomados por sorpresa por un fraude que amenazó su sustento. Ahora, su lucha combina exigencia de justicia, reparación y nuevos caminos a través de la organización ciudadana.
