El contrato, que supera los 13 millones de lempiras, fue autorizado bajo la dirección del ministro Luther Castillo
Tegucigalpa, Honduras. — La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) ha abierto una investigación de oficio sobre una polémica licitación realizada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacit), que adjudicó la compra de 496 computadoras a una empresa constructora sin antecedentes en el rubro tecnológico. La transacción, presuntamente sobrevalorada, involucra fondos estatales y ha encendido las alarmas por aparentes irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción.
Según confirmó el Ministerio Público (MP), el proceso de adquisición de los equipos informáticos presenta indicios suficientes para ser investigado penalmente, debido a inconsistencias en el procedimiento de licitación, cuestionamientos en la idoneidad del proveedor y un posible perjuicio económico al Estado.
La compra fue adjudicada a la empresa Constructora y Consultora R&M S.A. de C.V., la cual, de acuerdo con registros públicos, no tiene trayectoria en la venta ni distribución de equipos tecnológicos, sino que está dedicada al área de construcción de obras civiles. Esta decisión ha generado controversia entre expertos en contrataciones públicas, quienes señalan que la adjudicación contradice los principios de idoneidad y competencia que exige la Ley de Contratación del Estado.
El contrato, que supera los 13 millones de lempiras, fue autorizado por la Senacit bajo la dirección del ministro Luther Castillo, quien ahora se encuentra en el centro del escrutinio público. Aunque hasta el momento no se ha señalado directamente al funcionario por ilícitos, diversas voces dentro del Congreso Nacional y la sociedad civil han exigido explicaciones claras sobre los criterios que se utilizaron para seleccionar al proveedor y justificar los costos de las laptops.
Auditoría e inconsistencias detectadas
Un informe preliminar del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), solicitado tras las primeras denuncias en redes sociales y medios de comunicación, reveló que los equipos fueron adquiridos a un precio superior al valor promedio del mercado. Algunas computadoras, según el reporte, habrían sido facturadas por encima de los 27,000 lempiras cada una, pese a que sus especificaciones corresponden a modelos de gama media cuyo precio comercial ronda entre 15,000 y 18,000 lempiras.
Además, se identificaron inconsistencias en la documentación técnica presentada por la empresa adjudicada, incluyendo descripciones genéricas de los equipos, ausencia de certificaciones del fabricante y omisión de garantías extendidas, lo cual pone en duda la calidad de los productos entregados.
Reacciones políticas y sociales
El diputado opositor Luis Redondo expresó su preocupación ante lo que calificó como “una señal más del uso irresponsable y discrecional de los fondos públicos”. En tanto, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) exigieron al MP que actúe con prontitud y que el caso no quede en la impunidad.
“Resulta alarmante que una institución dedicada a la innovación y el desarrollo científico esté realizando procesos de compra tan poco transparentes. Esto compromete no solo la eficiencia institucional, sino la confianza de la ciudadanía”, señaló en un comunicado la directora del CNA, Gabriela Castellanos.
Por su parte, el ministro Luther Castillo declaró que “todo el proceso se realizó conforme a la ley” y que “la empresa fue seleccionada tras cumplir con los requisitos establecidos en la licitación pública”. No obstante, evitó responder sobre los antecedentes del proveedor ni sobre la aparente sobrevaloración de los equipos.
Fiscalía toma declaraciones y asegura documentos
La FETCCOP ya ha comenzado a citar a los responsables del proceso de licitación dentro de la Senacit para que rindan declaraciones. También se ha girado una solicitud de aseguramiento de documentos administrativos relacionados con el proceso de compra, así como de los contratos suscritos con Constructora y Consultora R&M.
Un portavoz del Ministerio Público aseguró que la investigación está en etapa inicial, pero no se descarta que en las próximas semanas se presenten requerimientos fiscales si se comprueban actos de corrupción, abuso de autoridad, fraude o violaciones a la Ley de Contratación del Estado.
Llamado a mayor vigilancia en compras públicas
Este caso reaviva el debate sobre la debilidad institucional en los procesos de contratación pública en Honduras. Organizaciones de transparencia han advertido reiteradamente que las compras estatales, especialmente bajo el modelo de emergencia o convenios interinstitucionales, continúan siendo una de las principales vías para el desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
La ciudadanía y los entes de control esperan que esta investigación no sea una más que se quede en el archivo y que los responsables —si se confirman los delitos— enfrenten las consecuencias conforme a derecho.
Mientras tanto, los ojos del país están puestos sobre la Senacit y el Ministerio Público, en espera de que el caso marque un precedente contra la corrupción en el manejo de los fondos públicos.
