Tegucigalpa, Honduras – 19 de agosto de 2025.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reveló que entre diciembre de 2022 y julio de 2025 recibió más de mil quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado hondureño, lo que refleja un panorama preocupante en materia de abusos y violaciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
De acuerdo con el informe, las denuncias provienen de diversos sectores de la población y apuntan principalmente a actuaciones de la Policía Nacional, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Abusos documentados
Luis Martínez, Oficial Jurídico del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, explicó que la mayoría de los reclamos tienen relación con allanamientos de morada ejecutados con uso desproporcionado de la fuerza, daños a la propiedad privada, torturas, malos tratos físicos y psicológicos, así como la pérdida de pertenencias personales durante las operaciones.
Martínez añadió que también se han registrado denuncias de incriminación con pruebas presuntamente falsas, además de intimidación y vigilancia indebida hacia personas consideradas de interés por las autoridades.
“Estas quejas no se limitan a un solo grupo de la población, sino que abarcan comunidades enteras, defensores de derechos humanos, jóvenes, mujeres y familias que han sufrido afectaciones en su vida cotidiana debido a operativos mal ejecutados”, expresó el funcionario.
Preocupación por el estado de excepción
El Conadeh insistió en que el estado de excepción vigente desde finales de 2022 no ha logrado disminuir los niveles de inseguridad en el país, pero sí ha propiciado un escenario donde se vulneran libertades fundamentales.
El ente defensor recomendó al Gobierno abstenerse de seguir emitiendo decretos PCM que amplíen estas medidas de carácter extraordinario y, en su lugar, trabajar en una política de seguridad con enfoque de derechos humanos.
“Nos preocupa especialmente que Honduras viva un estado de excepción en pleno año electoral, ya que esto puede abrir la puerta a situaciones que lesionen la democracia y los derechos ciudadanos”, advirtió Martínez.
El organismo subrayó que el ejercicio pleno de la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y circulación debe estar garantizado, y no limitado bajo un contexto que, lejos de generar confianza, alimenta la percepción de un control excesivo por parte de las fuerzas de seguridad.
Proceso internacional pendiente
Como parte de su labor de incidencia, el Conadeh recordó que presentó recientemente una contribución escrita en el marco del IV Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, proceso al que Honduras será sometida en noviembre próximo.
En ese documento, el ente nacional solicita a la comunidad internacional que recomiende al Estado hondureño cesar con el uso del estado de excepción como herramienta de seguridad, ya que “lejos de generar efectos positivos, abre la puerta a múltiples violaciones de derechos humanos”.
Un reto para el próximo gobierno
El informe del Conadeh reabre el debate sobre la efectividad de las medidas de seguridad implementadas en el país y coloca en la mesa un reto crucial para la próxima administración: garantizar la seguridad ciudadana sin atropellar los derechos fundamentales de la población.
Para el organismo, la solución a la crisis de violencia en Honduras no se logrará únicamente mediante la fuerza, sino a través de una estrategia integral que incluya prevención, fortalecimiento institucional y respeto irrestricto a los derechos humanos.
