Tegucigalpa, Honduras. – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) encendió las alarmas al presentar un informe en el que expone la existencia de una supuesta red de corrupción que habría operado en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) entre los años 2022 y 2023. De acuerdo con las investigaciones, este esquema involucró a funcionarios públicos, particulares y seis Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que, bajo un manto de legalidad, habrían administrado de forma irregular más de 103 millones de lempiras.
El informe del CNA, titulado “El negocio de gobernar: cómo el poder se sirve del pueblo. Proyectos de infraestructura menor, ayudas sociales y becas: excesos y conflicto de intereses en la administración de recursos”, describe que la red de corrupción utilizó mecanismos administrativos y financieros para manipular fondos públicos destinados a programas de desarrollo y descentralización.
El mecanismo de la red
Según la denuncia, el Congreso Nacional jugó un papel determinante en este entramado, ya que eran los diputados quienes seleccionaban tanto los proyectos como a las ONG responsables de ejecutarlos. Una vez beneficiadas, estas organizaciones recurrían a procesos de contratación privada, invitando directamente a oferentes previamente seleccionados, lo que limitaba la competencia y la transparencia en la asignación de recursos.
Dentro de la SGJD, una de las piezas clave era la exgerente administrativa Pinto Dubón, quien mantenía vínculos directos con las seis ONG señaladas. El CNA reveló que su esposo figuraba como apoderado legal de una de ellas, mientras que su cuñada integraba la junta directiva de varias organizaciones favorecidas con fondos estatales. Esta triangulación de intereses permitió que los recursos fluyeran hacia entidades controladas por círculos cercanos a la funcionaria.
Señalamientos de clientelismo político
El informe también advierte que el esquema habría trascendido el ámbito administrativo, derivando en prácticas de clientelismo político. Según el CNA, el entonces ministro de la SGJD, Tomás Eduardo Vaquero Morris, habría cedido a los diputados la facultad de seleccionar las ONG, lo que convirtió la asignación de fondos en un mecanismo para fortalecer intereses partidarios.
La organización anticorrupción cuestiona que esta dinámica se mantuvo oculta durante al menos dos años, lo que debilitó la confianza ciudadana en las instituciones y afectó el uso correcto de recursos públicos destinados a comunidades vulnerables.
CNA exige sanciones
En su comunicado, el CNA instó a las autoridades competentes a emprender investigaciones exhaustivas y aplicar sanciones ejemplares a los responsables. Además, llamó a fortalecer los mecanismos de control interno y externo en la Secretaría de Gobernación, a fin de evitar que se repitan esquemas similares en el futuro.
“Los hallazgos reflejan cómo, bajo una apariencia de legalidad, se camufló un entramado que operó en beneficio de intereses particulares y políticos, y en detrimento de la población que esperaba soluciones concretas a través de programas sociales”, enfatizó el organismo.
El reto pendiente: confianza en las instituciones
La denuncia presentada por el CNA se suma a una serie de casos que han puesto en entredicho la credibilidad de las instituciones públicas en Honduras. Mientras el organismo anticorrupción exige sanciones y mayores controles, la Secretaría de Gobernación insiste en que ya tomó medidas correctivas y que el manejo de fondos se reportó conforme a la ley.
Por ahora, el desenlace de este caso queda en manos del Tribunal Superior de Cuentas y de las instancias investigadoras, que deberán determinar si existió o no responsabilidad penal y administrativa de funcionarios y particulares.
Entretanto, la ciudadanía sigue expectante ante un nuevo episodio en el que se cuestiona la administración de recursos destinados al desarrollo local, y donde el combate a la corrupción vuelve a ser el centro del debate público.
