Ottawa/Tegucigalpa, 19 de agosto de 2025
Honduras se unió este martes a países que firmaron en Ottawa una declaración internacional en defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, en el marco de la Coalición por la Igualdad de Derechos. Sin embargo, en el ámbito nacional, voces feministas cuestionaron la falta de acciones contundentes para frenar la violencia contra las mujeres, que en lo que va de 2025 ha cobrado decenas de vidas.
Entre las ausencias más notorias estuvieron Estados Unidos, Argentina, Italia, Japón, India, Rusia y China, países que decidieron no adherirse a este compromiso internacional.
Contraste con la realidad hondureña
Mientras Honduras figura en la lista de países firmantes, en el territorio nacional persiste un panorama de violencia y desigualdad que preocupa a distintos sectores sociales. En paralelo a la noticia, colectivos de mujeres en Tegucigalpa y San Pedro Sula reaccionaron con escepticismo, señalando que si bien es positivo el respaldo a los derechos LGTBI, “la deuda pendiente con las hondureñas sigue siendo enorme”.
“Está bien que el Estado firme compromisos internacionales, pero nosotras nos seguimos preguntando: ¿y quién nos va a defender de tanto femicidio?”, expresó una integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia, tras recordar que cada 22 horas, en promedio, una mujer es asesinada en Honduras.
De acuerdo con datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), el país cerró 2024 con más de 350 muertes violentas de mujeres, y en los primeros meses de 2025 la tendencia se ha mantenido al alza.
Derechos universales, reclamos locales
La firma de Honduras en Ottawa ha sido interpretada por diplomáticos como un paso hacia el alineamiento del país con estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil subrayan que la coherencia debe comenzar en casa, con políticas efectivas para frenar la impunidad en casos de violencia de género.
“Celebramos que Honduras se sume a un esfuerzo multilateral de defensa de los derechos humanos. Pero no podemos obviar que el mismo Estado que firma declaraciones en Canadá es incapaz de garantizar justicia a las familias de mujeres asesinadas en barrios y aldeas de nuestro país”, declaró una representante del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla.
En este contexto, el gobierno hondureño enfrenta el desafío de equilibrar su proyección internacional con respuestas concretas a las demandas internas. Mientras los compromisos asumidos en Ottawa llaman a proteger a la población LGTBI contra la discriminación y la exclusión, en Honduras crecen los reclamos de las mujeres que exigen seguridad, prevención de la violencia y acceso real a la justicia.
La contradicción planteada por las organizaciones feministas resume la tensión actual: el Estado se muestra activo en foros internacionales, pero insuficiente en la protección de sus ciudadanas en el territorio nacional.
El mensaje de Ottawa deja claro que los derechos humanos son indivisibles y universales, pero la pregunta que resuena en las calles de Honduras sigue vigente: ¿Cuándo llegará la misma determinación para defender a las mujeres víctimas de femicidio?
