Tegucigalpa, 25 de agosto de 2025 — La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, emitió una dura denuncia contra el partido Libertad y Refundación (Libre), acusándolo de politizar instituciones clave del Estado, entre ellas el poder judicial.
En sus declaraciones, Espinoza afirmó: “LIBRE en su determinación para quedarse en poder está politizando todas las instituciones del Estado y sobrepasando los límites, incluyendo aquellas que lo tienen expresamente prohibido como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y otros” .
Este reclamo fue motivado por la divulgación de una fotografía que, de confirmarse su autenticidad, mostraría a una jueza penal (al parecer identificada como Marilú Torres, también miembro del Colegio de Abogados de Honduras) sentada en la mesa principal de un mitin político encabezado por la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, en San Pedro Sula .
La legisladora cuestionó la legalidad de tal presencia, apelando al marco jurídico vigente que prohíbe estrictamente a los funcionarios judiciales participar en actividades partidarias. “Jueces participando en plena campaña política, a pesar de tenerlo prohibido por la ley? Veremos qué hace la Corte Suprema de Justicia en este caso”, declaró, demandando una reacción institucional clara.
Riesgos para la institucionalidad
Para Espinoza, esta situación representa un deterioro institucional al erosionar la credibilidad del sistema judicial y poner en evidencia un posible control político que, de paso, pone en duda la imparcialidad de las instituciones encargadas de impartir justicia.
La diputada remarcó que el incidente no solo desafía la normativa, sino que también compromete la independencia judicial. Con su mensaje, hace un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que intervenga y asuma un rol activo en defensa de la institucionalidad democrática .
¿Qué podría venir ahora?
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Responsabilidad de la CSJ: Se espera una postura clara y ejecutiva por parte del órgano judicial para evaluar si existen violaciones éticas o funcionales que ameriten sanción.
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Debate público y político: La denuncia podría intensificar el debate nacional sobre la separación de poderes y el uso indebido de instituciones estatales con fines partidarios.
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Reacción legislativa: Podrían surgir iniciativas para fortalecer las reglas de neutralidad de los actores judiciales en tiempos de campaña electoral.
Conclusión
El caso expone la tensión entre poder político y justicia institucional en el marco de un proceso electoral crítico. La denuncia de Maribel Espinoza arroja luz sobre un tema que va más allá de una fotografía polémica: pone en tela de juicio los cimientos del Estado de derecho.
