sábado, marzo 7, 2026

Honduras y El Salvador: desigual impacto del estado de excepción en la seguridad regional

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Tegucigalpa / San Salvador, 29 de agosto de 2025. Los regímenes de excepción instaurados en Honduras y El Salvador para combatir pandillas, narcotráfico y extorsión presentan resultados dispares. Si bien en El Salvador se ha atribuido al régimen un éxito relativo, en Honduras la ineptitud institucional y la repetición abusiva de esta medida han socavado su efectividad.

1. El Salvador: resultados contundentes… con costos sociales

Desde marzo de 2022, El Salvador ha desplegado un régimen de excepción legalmente anclado en su Constitución, aprobado por la Asamblea Legislativa. Esa estrategia ha permitido detener a más de 83 000 personas vinculadas a pandillas y alcanzar hasta 776 días sin homicidios consecutivos. La tasa de homicidios en 2024 fue de apenas 1,9 por cada 100 000 habitantes, un nivel histórico.

2. Honduras: promesas de seguridad sin sustento estructural

Por su parte, Honduras decretó su estado de excepción el 6 de diciembre de 2022, inspirado en el modelo salvadoreño, pero sin la misma institucionalidad ni respaldo político que hizo funcional el de El Salvador. A diferencia de su vecino, la policía hondureña ha sido históricamente inestable, corrupta y sin suficientes recursos: en 2019 contaba con apenas 173 agentes por cada 100 000 habitantes, muy por debajo del estándar de la ONU de 300, y la cifra contrasta con los 434 en El Salvador InSight Crime.

Estas deficiencias explican por qué, pese a las promesas y acciones visibilizadas, Honduras no ha logrado detener la extorsión. En 2023, un 11 % de la población fue víctima de este delito, dos puntos porcentuales más que en 2022. Expertos califican las medidas como “más un truco publicitario” que una estrategia real de combate contra el crimen InSight Crime.

El régimen ha sido prorrogado múltiples veces (18 extensiones hasta enero de 2025), muchas sin aprobación del Congreso, lo que genera cuestionamientos jurídicos. El Conadeh ha registrado más de 700 denuncias por abusos como allanamientos nocturnos, detenciones ilegales y uso desproporcionado de la fuerza. El Codeh también ha señalado que el estado de excepción no ha reducido la violencia, y ha sido instrumentalizado políticamente en un año electoral.

Además, medios e instancias internacionales como Le Monde resumen que la medida “peine à produire des résultats significatifs”, y se sostiene como “más simbólica que una solución sostenible” .

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