El Progreso, Yoro, 2 de septiembre de 2025. La defensora de derechos humanos Jessica Isla, reconocida por su labor como coordinadora del Grupo Sociedad Civil (GSC) y del Observatorio Político de Mujeres, denunció haber sido víctima de una retención arbitraria por parte de agentes de la Policía Nacional en un retén ubicado a la salida del municipio de El Progreso, departamento de Yoro.
De acuerdo con el testimonio de Isla, publicado en su cuenta de Facebook, el hecho ocurrió cuando viajaba como pasajera en un vehículo particular que fue detenido por una patrulla. Los uniformados solicitaron documentación tanto al conductor como a ella, alegando que necesitaban verificar si existían registros de antecedentes en el sistema policial.
La defensora relató que, a pesar de identificarse y mostrar su condición de beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, periodistas, abogados y ambientalistas, los agentes le confiscaron su Documento Nacional de Identificación (DNI) y el carné oficial que acredita dichas medidas de resguardo.
“De protegida a sospechosa”
Isla denunció que uno de los agentes le respondió de manera hostil cuando ella cuestionó el procedimiento: “Si usted no ha cometido ningún delito, no tiene por qué preguntar”. Según lo narrado, el mismo policía insistió en que estaban revisando su nombre en el sistema y le sugirió que “si no ha hecho nada, debería estar tranquila”.
Más aún, cuando la defensora manifestó su intención de interponer una denuncia formal, el agente la desafió: “Llame al director de la Policía Nacional, al comisionado general Juan Manuel Aguilar, si quiere”.
La activista criticó duramente este comportamiento, señalando que hechos de esta naturaleza evidencian un retroceso en el respeto a los derechos fundamentales: “El presente no es mejor que el pasado. A mí no me cuidan, me hostigan. Hoy sé que puedo ser sospechosa de cualquier cosa, sin fundamento alguno”.
Reacciones y preocupación por escalada de hostigamientos
La denuncia de Jessica Isla se suma a otras registradas en los últimos meses en Yoro, un departamento donde las organizaciones sociales han señalado un repunte en las acciones de intimidación contra quienes ejercen labores de vigilancia ciudadana.
Tanto el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) como la Red Nacional de Defensoras han emitido alertas sobre el incremento de hostigamientos, advirtiendo que estos episodios ponen en riesgo la integridad y el trabajo de quienes defienden los derechos humanos.
Especialistas en derechos humanos subrayan que la protección legal otorgada a Isla debería garantizar su libre movilidad y seguridad personal, pero que en la práctica las autoridades continúan replicando prácticas que generan desconfianza hacia las instituciones encargadas de salvaguardar la integridad ciudadana.
Falta de garantías
El caso de Isla no es aislado, sino que refleja la vulnerabilidad de activistas, defensores y periodistas en Honduras, quienes con frecuencia reportan hostigamientos, amenazas y campañas de descrédito. Para los colectivos de la sociedad civil, la situación constituye un obstáculo grave en el fortalecimiento democrático y en el respeto al derecho a la defensa de garantías fundamentales.
“Cada retención arbitraria envía un mensaje de intimidación. No se trata de un simple control policial, sino de un patrón que busca debilitar la labor de quienes cuestionan abusos y exigen transparencia”, señalaron voceros de la Red de Defensoras en un pronunciamiento reciente.
El episodio ocurrido en El Progreso vuelve a colocar bajo la lupa la actuación policial y el papel del Estado en la protección efectiva de los defensores de derechos humanos, un tema que continúa siendo motivo de preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
