En un momento clave del calendario político hondureño, múltiples organizaciones de la sociedad civil alzan la voz con preocupación por el estado de excepción vigente desde diciembre de 2022. En plena cuenta regresiva hacia las elecciones generales del 30 de noviembre, advierten que su mantención prolongada compromete derechos fundamentales, transparencia electoral y cohesión social.
La carta que sacude el escenario electoral
El pasado 2 de septiembre de 2025, diversas organizaciones sociales remitieron una carta dirigida a la presidenta Xiomara Castro (a veces nombrada Presidenta de la República), titulada: “Gobierno de la República debe garantizar elecciones generales, democráticas, eliminando el permanente estado de excepción” .
En la misiva, fundamentan su demanda en el derecho legítimo a opinar sobre cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana, al mismo tiempo que alertan del alto riesgo que representa para la población mantener este régimen durante el proceso electoral .
Firmantes y respaldo institucional
Firmaron el documento organizaciones emblemáticas como el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), y Cristosal. Además, sectores más amplios, como la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de la CIDH y la Coalición contra la Impunidad, ya en julio de 2025 habían alzado la voz para solicitar su suspensión antes y después de las elecciones .
Las razones centrales: derechos, transparencia y legitimidad
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Clima electoral adverso: La Comisión de Venecia ha sostenido que todo proceso electoral requiere un entorno donde se respeten las libertades fundamentales, así como orden y seguridad pública .
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Violaciones documentadas: La OACNUDH y el CONADEH han reportado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y allanamientos sin control judicial dentro del marco del estado de excepción.
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Movilización y campaña en riesgo: La militarización del espacio público afecta la organización política, la campaña partidista y entraviesa la visita de observadores electorales, indispensables para la legitimidad técnica del proceso .
Prórroga y legalidad bajo lupa
Desde diciembre de 2022, el estado de excepción ha sido prorrogado reiteradas veces. El 16 de agosto de 2025 se extendió por 45 días más —la vigésima tercera prórroga—, vigente hasta el 29 de septiembre, y publicada en La Gaceta sin ratificación del Congreso Nacional.
Según Nelson Castañeda (ASJ), esta falta de control legislativo socava el debido proceso y abre la puerta a abusos Criterio.hn. Javier Acevedo (Ciprodeh) advierte que el estado de excepción ha dejado de ser una medida extraordinaria y se ha normalizado, incluso potencialmente usada para sofocar libertades en el contexto electoral .
Desde la OACNUDH, por su parte, se recalca que tras casi 900 días, el régimen ya no es excepcional, y su extensión sin controles legislativos ni institucionales viola estándares internacionales .
Consecuencias para el proceso electoral
La continuidad del estado de excepción en vísperas de los comicios del 30 de noviembre genera un sentimiento de desconfianza en la población. Impedimentos para ejercer la campaña y la observación electoral completa, juntos con la militarización del orden público, afectan la percepción de las elecciones como libres, justas y transparentes .
Conclusión: ¿Democracia o riesgo latente?
Las organizaciones firmantes coinciden en que una acción inmediata —la suspensión del estado de excepción— enviaría una señal clara al país y al mundo sobre el compromiso estatal con la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos .
En un momento donde el voto y la participación ciudadana deben ser la voz que guíe el rumbo nacional, la vigencia de medidas restrictivas puede convertir en letra muerta los principios más básicos de una elección democrática.
