El superintendente de la Alianza Público-Privada (SAPP), Mario Ayala, anunció la suspensión inmediata del cobro de 90 lempiras a los camiones livianos, conocidos popularmente como “camioncitos”, luego de que se comprobara que la Concesionaria Vial de Honduras (COVI) aplicaba esta tarifa desde el pasado 27 de agosto.
La medida surge tras una serie de denuncias de transportistas, quienes aseguraron que el peaje para sus unidades pasó de 22 a 90 lempiras, pese a que el propio Gobierno había desmentido públicamente un incremento en las tarifas.
Investigación de campo confirma irregularidades
Ayala explicó que la SAPP desplegó personal para realizar una investigación en las casetas de peaje, logrando constatar que los reclamos de los usuarios eran legítimos. “Algunas personas habían estado pagando 22 lempiras y se habían aumentado a 90 lempiras”, declaró. La institución recopiló pruebas documentales y testimoniales que confirmaron el alza y, posteriormente, convocó a las partes involucradas para exigir una solución inmediata.
Con el objetivo de resolver la problemática, se instalaron mesas de trabajo con el Instituto Hondureño de Transporte, la Dirección de Tránsito, la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras y el Instituto de la Propiedad. Dichas instancias coordinarán acciones para ajustar los registros y evitar que los camioncitos sean catalogados erróneamente como vehículos pesados.
El origen de la confusión
Según Ayala, la raíz del problema radica en la clasificación vehicular. Muchos de estos automotores aparecen en el sistema como camiones pesados, cuando en la práctica son unidades utilitarias o de carga ligera. “Si usted la mira son carros livianos, carros de trabajo”, explicó.
En otros países, como Perú, estos vehículos están reconocidos oficialmente como “utilitarios”, una categoría intermedia que no existe en la legislación hondureña. Esta falta de homologación provoca que los camioncitos sean incluidos en la tarifa de camiones de mayor capacidad, generando cobros injustificados.
Solución en camino
Ayala adelantó que la SAPP trabaja en un proceso de homologación para que los registros en el sistema de tránsito reflejen correctamente la naturaleza de estos automotores. Con ello se espera evitar nuevos conflictos y brindar seguridad jurídica tanto a transportistas como a los operadores de los peajes.
Mientras tanto, la orden de suspensión de la tarifa de 90 lempiras ya está en vigor, lo que representa un alivio inmediato para los miles de hondureños que dependen de los camioncitos para llevar sustento a sus hogares.
