La incertidumbre que persiste alrededor del caso del diputado Jorge Cálix y su solicitud de inscripción como candidato por el departamento de Olancho ha desencadenado un fuerte llamado público para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) recurra a los principios de coherencia e imparcialidad. Diversos sectores sociales, analistas y dirigentes políticos exigen que las decisiones adoptadas en este caso respondan al mismo criterio aplicado en procesos similares en el pasado.
El dilema de la inscripción
Jorge Cálix, actual diputado, busca ser inscrito en la papeleta electoral por Olancho. Hasta ahora, el CNE no ha emitido un pronunciamiento formal definitivo que justifique su aceptación o rechazo. Esta ausencia de una resolución clara ha alimentado sospechas de parcialidad o aplicación selectiva de la normativa electoral.
Voces que claman por igualdad
Julieta Castellanos: una voz técnica y experta
La analista política Julieta Castellanos ha sido enfática: si el CNE aplica la ley solo a ciertos casos y no a todos, su integridad será cuestionada. “Los consejeros si van a aplicar la ley tiene que ser para todos, no puede ser para unos y para otros no… si aplican la ley a unos y a otros no, se van a ver como subordinados obedeciendo órdenes de los caciques de los partidos” ha advertido.
Eduardo Facussé: argumentos simétricos
Desde el ámbito empresarial, el expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIT), Eduardo Facussé, ha señalado que, de imponerse la negativa al caso Cálix, habría que hacer lo mismo con otros casos similares, como los de Hipólito Perdomo, Isis Cuéllar o Rodolfo Padilla —ya que, en su opinión, cada uno tiene situaciones jurídicas comparables.
Opiniones desde el interior del partido liberal
Al interior del Partido Liberal, aunque algunos dirigentes niegan un rompimiento inminente, no cierran la puerta a agotar las vías legales necesarias para asegurar la inscripción de Cálix. Mariano Torres, dirigente liberal, ha expresado que se encuentran a la expectativa de una resolución del CNE, al tiempo que subraya que el pleno del partido se mantiene unido alrededor del candidato presidencial.
Precedentes que reclaman uniformidad
Uno de los casos invocados con frecuencia es el de Hipólito Perdomo, cuya inscripción fue aceptada en la planilla departamental de Santa Bárbara pese a objeciones legales —aunque luego no resultó electo—. Quienes piden coherencia mencionan que si en ese caso se aplicó la ley de una determinada manera, se debe replicar ese criterio.
En paralelo, se recuerda que Isis Cuéllar fue expulsada del partido y Rodolfo Padilla enfrenta procesos de inhabilitación, lo que según algunos debe motivar decisiones similares del CNE ante situaciones análogas.
Riesgos institucionales y desgaste de credibilidad
El aplazamiento indefinido o la decisión sesgada con respecto al caso de Cálix pueden afectar la legitimidad del órgano electoral en el proceso electoral que se aproxima. Críticos sostienen que la falta de transparencia o criterios disímiles socava la confianza ciudadana en el sistema electoral.
Tal como advierte Castellanos, la aplicación selectiva de la normativa puede proyectar una imagen de servilismo ante los poderes internos de los partidos, lo que mina la percepción de autonomía del CNE.
