“Transportistas paralizan rutas en Tegucigalpa ante incremento de cobros extorsivos y falta de seguridad”
Tegucigalpa, Honduras. — La crisis del transporte público en la capital hondureña volvió a intensificarse este 9 de octubre con la paralización total de varias rutas de «rapiditos» que cubren los sectores de la Nueva Capital y La Ulloa. Los transportistas denunciaron nuevos y más altos cobros de extorsión por parte de grupos criminales, lo que los obligó a suspender sus operaciones como medida de protección ante las amenazas recibidas.
La situación dejó desde temprano a miles de ciudadanos varados, sin poder trasladarse a sus trabajos, centros educativos y hospitales. Las paradas lucían vacías, mientras los usuarios expresaban frustración y preocupación por la falta de soluciones ante una problemática que se repite constantemente.
“Nos están pidiendo más dinero y no podemos seguir trabajando bajo amenaza. Ya hemos perdido compañeros que se negaron a pagar”, expresó uno de los conductores, quien solicitó el anonimato por temor a represalias.
Un llamado desesperado al gobierno
Los transportistas hicieron un llamado urgente a las autoridades gubernamentales para que se adopten medidas más efectivas de seguridad y se brinde protección a los operadores del transporte público, quienes se han convertido en blanco directo de la criminalidad.
“Pedimos al gobierno que el delito de extorsión sea tratado como un delito público y no privado. Esto permitirá una mayor acción del Estado y menos impunidad”, manifestaron representantes del sector, señalando que la actual tipificación del delito dificulta las investigaciones y deja a los afectados en una posición vulnerable.
La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) se desplazó hacia las zonas afectadas para iniciar operativos y recabar información sobre los grupos que estarían detrás de las amenazas y cobros ilícitos. Sin embargo, los transportistas consideran que las acciones son temporales y no resuelven el problema de fondo.
Extorsión: un flagelo que golpea la economía y la seguridad
La extorsión, conocida popularmente como el “impuesto de guerra”, sigue siendo uno de los delitos más extendidos en Honduras. Este crimen afecta tanto al transporte urbano como a pequeños comerciantes, emprendedores y empresas formales, generando un fuerte impacto económico y social.
De acuerdo con el Código Penal hondureño, la extorsión es parte del crimen organizado y, por tanto, no admite medidas sustitutivas de prisión. Las reformas penales han endurecido las penas, pero la aplicación de justicia continúa siendo un desafío, especialmente en zonas donde las estructuras criminales ejercen control territorial.
El fenómeno, además, se diferencia del chantaje —regulado en el artículo 222-A—, ya que en la extorsión media la amenaza de violencia o muerte, y las víctimas no tienen otra opción que cumplir con las exigencias para sobrevivir.
Usuarios afectados y exigencia de soluciones duraderas
Mientras tanto, los usuarios del transporte público reclaman que la falta de seguridad y la inacción estatal los están dejando indefensos. “Nosotros también somos víctimas. No podemos ir a trabajar y nadie nos garantiza que mañana la ruta vuelva a operar”, comentó una ciudadana residente en la colonia La Ulloa.
El paro de los “rapiditos” no solo interrumpe la movilidad en Tegucigalpa, sino que también refleja la magnitud del problema de la extorsión, un delito que se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo económico y la convivencia pacífica en el país.
Con los conductores bajo amenaza, las rutas suspendidas y la población afectada, el transporte público vuelve a ser escenario del miedo, mientras el llamado a la acción resuena con fuerza: “sin seguridad, no hay servicio, y sin servicio, el pueblo sufre.”
