Tegucigalpa, Honduras – En medio de una crisis climática que registra lluvias torrenciales en varias regiones del país, se ha desatado un debate intenso sobre cómo el Estado afronta la contingencia y —sobre todo— cómo lo hace financieramente. La economista Liliam Rivera, directora de Gobernanza Económica de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), ha levantado la voz para advertir que la declaratoria de emergencia no debe convertirse en puerta trasera para un nuevo ciclo de endeudamiento masivo.
El escenario de la emergencia
Hace apenas unos días, el Gobierno hondureño decretó el estado de emergencia por lluvias a través del Decreto Ejecutivo PCM 29‑2025, que abarca al menos cinco departamentos del país, incluyendo el Distrito Central, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Lempira.
Como parte de las medidas, se autorizó la contratación directa de bienes y servicios sin los procesos normales de licitación, bajo el argumento de urgencia para atender las zonas afectadas.
Simultáneamente, el Ejecutivo aprobó un fondo inicial de 500 millones de lempiras para la atención inmediata de la emergencia, según informes del Estado.
En este contexto, el sistema de gestión de riesgos del Estado, la Secretaría de Finanzas de Honduras y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) se movilizan para dar respuesta. Sin embargo, la articulación gubernamental y la institucionalidad de prevención han sido señaladas como débiles. Como Rivera lo advirtió: “cada año las fuertes lluvias recuerdan la fragilidad en que se vive”.
El reproche de la ASJ: ¿Emergencia como coartada crediticia?
La ASJ, a través de Rivera, cuestiona que la emergencia —y la urgencia que ella conlleva— esté siendo usada para presionar al Congreso Nacional de Honduras a aprobar un paquete de préstamos que, según la economista, comprometería “aún más las finanzas del país”.
Según su pronunciamiento, el uso de la crisis como justificante para “presionar que el Congreso apruebe un paquete de préstamos” resulta “preocupante y alejado del sentido de solidaridad”.
Rivera apunta a que detrás de este escenario hay también un “fantasma latente de corrupción”, que se alimenta de situaciones de desastre para beneficio de ciertos actores a costa del dolor de las familias afectadas.
Además, destaca la necesidad de que los compromisos financieros se asuman con criterios de sostenibilidad, y no como un endeudamiento acelerado en momentos donde la urgencia podría justificar decisiones apresuradas.
Impactos en la población y en la gestión del riesgo
Rivera advierte que Honduras vive en un constante estado de vulnerabilidad ante fenómenos climáticos: el ordenamiento territorial deficiente, la ocupación de zonas de alto riesgo y una institucionalidad débil para la gestión de riesgo son parte del problema que se arrastra.
En su visión, la estrategia internacionalmente aceptada para atención post-desastre contempla tres fases: atención inmediata, rehabilitación y reconstrucción. En esta ocasión, ella sostiene que lo procedente sería la reasignación de recursos delPresupuesto General de la República, mediante decretos del Consejo de Ministros, en vez de acudir directamente a nuevos endeudamientos.
Por otro lado, el uso de la declaración de emergencia también implica mecanismos atípicos de gasto público, como la contratación directa y la posibilidad de usar fondos sin pasar por licitación. Esta modalidad abre la puerta a usos menos transparentes, un riesgo que preocupa a la ASJ y otros actores de la sociedad civil.
Conclusión
La emergencia provocada por las lluvias torrenciales en Honduras demanda una respuesta rápida, eficaz y prioritaria para las familias afectadas. Pero, como advierte la economista Liliam Rivera, esa urgencia no puede convertirse en un atajo para endeudar al país sin control ni criterios de sostenibilidad. Lo que está en juego va más allá de obras y préstamos: es la credibilidad del Estado, la eficiencia del gasto público, y el futuro económico de generaciones que ya transitan en un país de alta vulnerabilidad climática y financiera.
La sociedad civil, el Congreso y los organismos de control tienen ante sí el reto de garantizar que la declaración de emergencia no abra una puerta a más endeudamiento irresponsable, sino que refuerce la prevención, la solidaridad y el uso transparente de los recursos públicos.
