Tegucigalpa, 28 de octubre de 2025 – La magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, alertó públicamente esta noche que existe una “presunta orden de captura” en su contra y la del presidente del organismo, Mario Flores Urrutia, por cuentas del Ministerio Público, supuestamente vinculadas a resoluciones emitidas por el tribunal electoral.
“Quiero denunciar públicamente… tengo información que se les presentará requerimiento fiscal para capturarlos a la brevedad posible”, declaró Barahona, quien enfatizó que la medida carecería de garantías constitucionales. Diario El Mundo+1
«No podemos ser perseguidos por nuestras resoluciones y muchos menos las sentencias. Esto no es un Estado de derecho y el pueblo hondureño lo debe de saber», agregó.
Antecedentes y contexto
La alerta de la magistrada llega en un momento de creciente tensión institucional en Honduras, a pocas semanas de las elecciones generales. Según los reportes, la supuesta acción fiscalísima está relacionada con decisiones adoptadas por el TJE que favorecieron la inscripción de candidaturas de figuras disputadas, entre ellas Jorge Cálix y Cristian Villalobos, lo que generó críticas dentro del órgano jurisdiccional.
El magistrado Mario Morazán declaró como “ilegítima” la resolución del TJE al señalar que no hubo quórum adecuado para tomar las decisiones.
En este contexto, el Partido Nacional emitió un comunicado exigiendo a la oposición, Libertad y Refundación (Libre), detener lo que calificó como “uso del Ministerio Público como herramienta de persecución política”.
Las acusaciones y la defensa de la magistrada
Según Barahona, la acción fiscal sería emprendida sin que se haya realizado previamente un antejuicio, requisito legal para investigarse a jueces y magistrados. “Este es un precedente funesto que es necesario que todo el pueblo hondureño lo sepa”, señaló.
La magistrada añadió que la persecución por ejercer funciones jurisdiccionales compromete la independencia del Poder Judicial y abre la puerta a arbitrariedades.
Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio Público no había confirmado públicamente la existencia de la orden de captura que denuncia Barahona.
Implicaciones para el proceso electoral
Analistas y partidos políticos señalan que esta denuncia pone en riesgo la estabilidad del proceso electoral que se avecina y debilita la confianza en las instituciones encargadas de organizar y garantizar las elecciones. La tensión surge además en un momento de polarización política previa al 30 de noviembre, fecha prevista para los comicios generales.
La señalización de persecución contra magistrados clave del tribunal electoral podría interpretarse como un intento de influir en las decisiones electorales o de deslegitimar el órgano antes de que complete su función.
Qué viene ahora
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Las próximas horas serán clave para determinar si se presenta el requerimiento fiscal que denuncia la magistrada o si se confirma que existe una orden de captura formal.
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De comprobarse, se abriría un proceso que podría implicar el antejuicio o la impugnación de dicha acción, con repercusiones para la institucionalidad electoral.
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Las misiones de observación internacional y organizaciones de derechos humanos estarán atentas al desenlace y al respeto de garantías constitucionales.
Conclusión
La alerta de la magistrada Miriam Barahona y la implicación del presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, marcan un episodio grave en el escenario electoral hondureño. La percepción de persecución judicial de actores vinculados al tribunal encargado de la organización de elecciones añade un elemento crítico de tensión institucional. Si la denuncia se confirma, Honduras enfrentaría no solo un reto electoral, sino una prueba de la fortaleza del Estado de derecho y la independencia judicial.
