Tegucigalpa, 31 de octubre de 2025. — En medio de una creciente tensión institucional y señalamientos públicos, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el objetivo de salvaguardar sus derechos fundamentales y denunciar lo que considera una persecución política y mediática en su contra.
La funcionaria llegó a tempranas horas a la sede del Poder Judicial, donde formalizó la acción legal que —según explicó— responde a “los atropellos” y a una “institucionalidad que no da respuesta a la ciudadanía”.
“Estamos ante atropellos y una institucionalidad que no responde a la ciudadanía. No tengo un Ministerio Público al que recurrir porque está parcializado”, declaró López ante los medios de comunicación.
El recurso fue presentado luego de que se hicieran públicos supuestos audios en los que, de acuerdo con el Ministerio Público (MP), la consejera estaría involucrada en actos que atentarían contra el sistema electoral hondureño. Sin embargo, López rechazó categóricamente tales acusaciones y calificó la situación como una campaña para deslegitimar su labor dentro del órgano electoral.
Una defensa ante el desgaste institucional
De acuerdo con López, el amparo no solo busca su protección personal, sino también garantizar la independencia y transparencia del Consejo Nacional Electoral, en un momento clave para el proceso de cara a los comicios generales de 2025.
“Esta acción es esencial para proteger mis derechos, mi integridad y mi participación activa en el CNE. Pero, sobre todo, para fortalecer la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones democráticas”, enfatizó.
Fuentes cercanas al CNE explicaron que la consejera ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por el uso político de la justicia y de los entes de investigación, lo que, a su juicio, pone en riesgo la estabilidad y credibilidad del sistema electoral.
Contexto de tensiones en el ente electoral
El ambiente dentro del Consejo Nacional Electoral ha sido descrito por analistas como uno de los más tensos desde su creación en 2019. Las diferencias entre sus miembros, los señalamientos de parcialidad y la presión de los partidos políticos han marcado la antesala de un nuevo proceso electoral.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil han pedido que la CSJ actúe con independencia y celeridad en la revisión del recurso interpuesto, recordando que el amparo constitucional es una herramienta de protección frente a posibles violaciones de derechos, especialmente en casos donde están en juego funciones públicas de alta responsabilidad.
Transparencia y confianza en juego
En sus declaraciones, López insistió en que su intención no es confrontar, sino preservar la legalidad de sus actuaciones y “garantizar que el proceso electoral se desarrolle con apego a la ley y sin interferencias indebidas”.
Con el recurso ya en manos del máximo tribunal de justicia, el caso abre un nuevo capítulo en la ya compleja relación entre los poderes del Estado y las instituciones electorales. La resolución de la Corte podría marcar un precedente sobre los límites de la persecución judicial y la protección de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Hasta el cierre de esta nota, la CSJ no había emitido un pronunciamiento oficial sobre la admisión o trámite del recurso de amparo presentado por la consejera.
