28 de noviembre de 2025
El futuro jurídico del Decreto Ejecutivo PCM 37-2025, mediante el cual el Gobierno amplió nuevamente el estado de excepción en Honduras, pasará ahora al escrutinio del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La decisión se produce después de que la Sala de lo Constitucional concluyera la etapa de análisis inicial sobre el recurso de amparo interpuesto contra dicha medida.
Según se conoció, los magistrados constitucionales ya emitieron sus votos respecto a la suspensión del acto reclamado, aunque las posiciones no fueron unánimes. En uno de los votos que se incorporó recientemente al expediente, se resolvió a favor de admitir el amparo y de suspender los efectos del decreto, pero aclarando que esta suspensión tiene un alcance estrictamente interpartes, es decir, únicamente para el recurrente y no para la totalidad de la ciudadanía.
El magistrado responsable de esta postura explicó que la medida no puede extenderse de forma general, ya que el amparo tiene una naturaleza concreta y personal. Por ello, la resolución solicita al Poder Ejecutivo que, en un plazo máximo de tres días, remita los antecedentes del caso o presente un informe detallado sobre el decreto impugnado para proceder con el análisis correspondiente.
Un voto particular cuestiona la suspensión
No obstante, el expediente también incluye un voto particular que se aparta de la posición mayoritaria. En este criterio, el magistrado sostiene que el amparo debió admitirse sin suspender el acto reclamado, argumentando que el escrito presentado por el peticionario carece de sustento jurídico suficiente para activar una medida cautelar de esta naturaleza.
Según este razonamiento, el recurrente «se limita a afirmar de manera genérica» que sus derechos fundamentales y los de millones de hondureños se han visto afectados por la ampliación del estado de excepción, pero no demuestra la inminencia ni la irreparabilidad del supuesto perjuicio. Para este magistrado, estas omisiones no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la ley para proceder con una suspensión.
El pleno tendrá la última palabra
Con las posiciones ya integradas, será el pleno de magistrados de la CSJ quien defina el rumbo del recurso de amparo y determine si la ampliación del estado de excepción continúa vigente para el solicitante, o si procede alguna medida adicional. La discusión se centrará tanto en la validez del decreto como en el correcto uso del amparo como instrumento protector de derechos fundamentales.
El caso se convierte así en uno de los debates más relevantes de la coyuntura jurídica y política, en un momento en que la utilización del estado de excepción continúa siendo objeto de controversia en el país.
