Tegucigalpa, Honduras. A pocas horas de concluir su mandato como presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo emitió este martes un oficio formal al Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que exige que esa institución defina con precisión los plazos para ejecutar el recuento total de votos correspondiente a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, tal como ordena el Decreto No. 58-2025 publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
La solicitud de Redondo fue enviada directamente a los consejeros Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa, e insistió en que el CNE presente un cronograma formal que indique cuándo se iniciará y concluirá el escrutinio de las más de 19 mil actas electorales pendientes. Según el legislador, esto es indispensable para respetar el mandato constitucional y dar cumplimiento al decreto, que ordena el recuento voto por voto de todos los sufragios.
“Hemos requerido al CNE que establezca, sin más dilación, el término o plazo en el cual dará inicio y concluirá lo ordenado en el referido decreto, respetando el mandato de la voluntad popular expresada en las urnas”, indicó Redondo en la misiva institucional.
Una exigencia con sustento legal cuestionado
El pronunciamiento de Redondo se produce en el contexto de una crisis política y legal que ha sacudido al sistema electoral hondureño. El decreto aprobado en enero por el Congreso, con respaldo de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) y sancionado por la presidenta saliente Xiomara Castro, ordena que el CNE reabra el recuento para todos los niveles de elección —presidencial, legislativo y municipal— aun cuando el organismo electoral ya había emitido declaratorias preliminares de resultados.
Sin embargo, expertos y opositores han señalado que el decreto carece de validez jurídica porque fue adoptado sin el quórum mínimo constitucional requerido para sesiones plenarias, lo que ha llevado a sectores políticos a interponer recursos de amparo e inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Pese a ello, Redondo advirtió que, si el CNE se niega a ejecutar la orden de escrutinio total, deberán “iniciarse las diligencias necesarias para cumplir con lo ordenado”, dentro de un marco que, según él, está respaldado por el artículo 205 de la Constitución de la República.
Respuesta del CNE y rechazo institucional
La reacción por parte del CNE no se hizo esperar. Su presidenta, Ana Paola Hall, afirmó que la solicitud de Redondo “no tiene sustento legal”, debido a que el organismo electoral ya agotó su competencia administrativa al emitir la declaratoria oficial de resultados. Hall explicó que, jurídicamente, el Consejo es un órgano autónomo e independiente, y por lo tanto no puede ser subordinado por el Poder Legislativo en estas materias.
Hall también destacó que, tras la publicación de la declaratoria de resultados el 24 de diciembre de 2025, el CNE dio por concluido el proceso de escrutinio y que no tiene competencia para volver a abrir cajas o recontar actas tras la declaratoria oficial.
Desde el organismo electoral se ha enfatizado que el escrutinio especial para alcaldías y diputados aún se está desarrollando, con la meta de completar el conteo antes de los plazos legales establecidos, aunque este proceso ha enfrentado múltiples retrasos y obstáculos logísticos.
Política, plazos y presión social
La exigencia de un calendario definido por parte de Redondo ocurre en un momento en que el país experimenta crecientes tensiones políticas. Si el CNE no cumple con la declaratoria general de elecciones dentro del plazo legal, el asunto podría pasar a ser discutido y resuelto por el Congreso Nacional, según han advertido diversos actores políticos.
Además, en medio de la incertidumbre sobre el conteo de actas con inconsistencias —que incluyen miles de votos aún no contabilizados— actores de distintos partidos han presentado impugnaciones y llamado a un escrutinio más exhaustivo para garantizar transparencia y confianza en el proceso electoral.
Mientras tanto, sectores del Ejecutivo también han respaldado la iniciativa de Redondo. El ministro de Defensa, Roosevelt Hernández, ha expresado públicamente su apoyo al decreto que ordena la continuación del conteo de actas, aunque el tema siga generando polémica por su legalidad y alcance institucional.
Un país en vilo
Para los observadores y la ciudadanía, la disputa entre el Legislativo y el CNE pone de manifiesto un clima de desconfianza profunda en las instituciones públicas y en el proceso electoral. Con el plazo legal para finalizar el escrutinio acercándose y la nueva administración a punto de asumir el poder, la nación enfrenta un momento crítico que podría definir no solo la legitimidad de los resultados electorales, sino también la estabilidad política en los próximos años.
