Tegucigalpa, Honduras.
Honduras puso fin este lunes al estado de excepción que permaneció vigente desde diciembre de 2022, una de las medidas de seguridad más prolongadas de las últimas décadas, impulsada por el Gobierno saliente de la presidenta Xiomara Castro con el argumento de frenar la criminalidad y debilitar a las estructuras del crimen organizado.
La suspensión de garantías constitucionales expira un día antes de la toma de posesión del nuevo Gobierno conservador encabezado por Nasry “Tito” Asfura, quien ha reiterado que el país “no puede seguir gobernándose bajo estados de excepción permanentes” y ha prometido una estrategia de seguridad basada en el fortalecimiento institucional, la generación de empleo y el respeto a los derechos humanos.
Durante más de tres años, el estado de excepción fue aplicado de forma intermitente y luego sostenida en 226 de los 298 municipios del país, permitiendo allanamientos sin orden judicial, detenciones prolongadas y restricciones a la libre circulación, medidas que generaron fuertes debates políticos y sociales.
Críticas desde la oposición: “no cumplió su objetivo central”
El diputado opositor Carlos Umaña calificó la medida como un “fracaso” en la lucha contra la criminalidad, asegurando que, si bien se registró una disminución en los homicidios, no se logró controlar la extorsión, uno de los principales flagelos que motivó la implementación del régimen de excepción.
“El estado de excepción no fue nada agradable, fracasó y no logró el objetivo primordial, que era el control de la inseguridad”, expresó Umaña en declaraciones a EFE. El parlamentario, miembro del Partido Liberal —principal fuerza opositora con 41 diputados—, afirmó que la medida dejó como saldo “muchas violaciones de derechos humanos” y una creciente desconfianza ciudadana.
Umaña subrayó que la extorsión no solo no disminuyó, sino que se incrementó durante la vigencia de la medida, afectando a pequeños y medianos empresarios, comerciantes, transportistas y trabajadores del sector informal.
Umaña sostienen que estos resultados no justifican el impacto social y legal de la medida, especialmente cuando delitos como la extorsión continuaron afectando de forma directa a la población.
Extorsión: el delito que no cedió
Las bandas criminales, muchas de ellas vinculadas a pandillas integradas por jóvenes y adultos, continúan imponiendo el llamado “impuesto de guerra” a propietarios de negocios, incluyendo transporte urbano, interurbano y taxis.
De acuerdo con la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, más de 384.000 hogares han sido víctimas de extorsión en el país, un delito que genera millones de lempiras para las estructuras criminales. En numerosos casos, la negativa a pagar termina en asesinatos, lo que mantiene a la población bajo un clima de temor constante.
Advertencias por posibles demandas al Estado
Carlos Umaña advirtió que el fin del estado de excepción podría abrir la puerta a una ola de demandas contra el Estado hondureño por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante su aplicación, un riesgo que ya había sido señalado por organismos nacionales e internacionales.
Detenciones arbitrarias, allanamientos irregulares y uso excesivo de la fuerza figuran entre las principales denuncias recopiladas por organizaciones defensoras de derechos humanos.
Señalamientos de control político
Por su parte, la exdiputada Fátima Mena sostuvo que la medida fue utilizada por el Ejecutivo de Xiomara Castro más como un instrumento de control político que como una respuesta efectiva al crimen.
“Ha sido una muy mala práctica por parte del gobierno saliente, con muy pocos resultados efectivos”, afirmó Mena, quien aseguró que los sectores más afectados fueron jóvenes de zonas empobrecidas, donde históricamente ha existido poca inversión social, pero una fuerte presencia represiva del Estado.
La exparlamentaria denunció además la existencia de reportes sobre desapariciones, torturas y otros abusos, sin que se haya establecido un mecanismo claro de justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
Mena recordó que en noviembre de 2025 el Congreso Nacional derogó el estado de excepción mediante una autoconvocatoria de más de 70 diputados que entonces eran oposición, una decisión que fue desconocida por el Ejecutivo, hecho que —según la exdiputada— podría constituir un delito.
Con el levantamiento del estado de excepción, Honduras inicia una nueva etapa en su política de seguridad, en medio de expectativas, cuestionamientos y el desafío de reducir la violencia sin sacrificar el Estado de derecho ni los derechos fundamentales de la población.
