lunes, marzo 2, 2026

Organismos cívicos presionan al Congreso Nacional para activar juicio político y proteger la Constitución

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Tegucigalpa, Honduras. Ante una percepción de debilitamiento del orden constitucional en el país, la organización civil Defensores de Honduras elevó su llamado al Congreso Nacional para que active sin dilación un juicio político contra funcionarios que, a su juicio, han cometido irregularidades que atentan contra la Carta Magna hondureña.

La agrupación —que agrupa a sectores de la sociedad civil preocupados por la actual crisis institucional— emitió un comunicado en el que advierte que la falta de aplicación de mecanismos de control político podría erosionar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado y debilitar el sistema democrático. “La soberanía reside en el pueblo y los funcionarios deben rendir cuentas dentro de los límites legales”, recalcan en su pronunciamiento.

Según Defensores de Honduras, el juicio político es un instrumento legítimo previsto en la Constitución para investigar y sancionar a altos funcionarios por acciones u omisiones graves que comprometieran la institucionalidad. Por ello, urgieron a los diputados a iniciar de inmediato ese proceso.

Contexto de la crisis política y el rol del Congreso

La solicitud de la organización civil se produce en un ambiente de fuerte tensión política en Honduras, particularmente en torno a la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la moción de juicio político contra uno de sus consejeros, Marlon Ochoa.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha señalado públicamente que Ochoa —quien representó al partido Libertad y Refundación (Libre) en el CNE— habría cometido presuntas violaciones a la Constitución y a la ley durante la organización del proceso electoral, lo que justificaría someterlo a juicio político. Zambrano incluso indicó que, de estar en su lugar, renunciaría antes de que el Legislativo proceda con esa acción.

“No solo se trata de aplicar la ley, sino de restituir la confianza en nuestras instituciones”, afirmó Zambrano, enfatizando que el Congreso tiene la atribución constitucional de aplicar el juicio político.

Llamado a la comunidad internacional y al respeto institucional

Además de exhortar al Congreso Nacional a actuar, Defensores de Honduras extendió un llamado a la comunidad democrática internacional para que observe de cerca la situación política del país y respalde la defensa del orden constitucional.

La organización subraya que, en momentos de crisis institucional, la vigilancia y acompañamiento internacional puede contribuir a garantizar que los procesos se desarrollen con transparencia y apego a la ley.

Balance de la situación

La solicitud de juicio político planteada por grupos civiles como Defensores de Honduras se inserta en un contexto político tenso, marcado por acusaciones de irregularidades en el proceso electoral y por choques entre los poderes del Estado. La presión sobre el Congreso para activar mecanismos de control político resalta una demanda ciudadana por mayor rendición de cuentas en la administración pública y por la protección de la Constitución como pilar del sistema democrático hondureño.

La evolución de esta iniciativa dependerá ahora del actuar de los diputados, de la respuesta de los funcionarios involucrados y de cómo se desarrollen las discusiones políticas en las próximas semanas dentro del poder legislativo.

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