Tegucigalpa, Honduras – 2 de marzo de 2026
El debate sobre la responsabilidad de altos funcionarios del Estado volvió a intensificarse este lunes, luego de que el abogado Leonel Núñez instara al Congreso Nacional de Honduras a iniciar de inmediato un juicio político contra el Fiscal General, Johel Zelaya, por supuestas actuaciones irregulares y señalamientos de falta de objetividad en el ejercicio de sus funciones.
Según Núñez, la permanencia de Zelaya al frente del Ministerio Público ha generado inconformidad incluso dentro de la institución. El profesional del derecho aseguró que existen denuncias relacionadas con atrasos en el pago de salarios al personal del Ministerio Público, así como decisiones que, a su juicio, contravendrían disposiciones legales.
“Creo que una de las personas que debe ser sometida a juicio político lo antes posible es el fiscal general; ni los mismos fiscales quieren que continúe. Les atrasa los salarios, ha tenido actuaciones que no fueron objetivas y ha cometido errores que podrían violentar el artículo 93 de la ley procesal penal”, manifestó Núñez.
El analista sostuvo que el Poder Legislativo debe actuar con prontitud y considerar la admisión de una querella vinculada a la abogada Cossette López como parte de los elementos que ameritan una revisión profunda de la conducta del titular del Ministerio Público.
A criterio de Núñez, la primera semana de marzo sería clave para que el Congreso valore formalmente la apertura del proceso político, al tiempo que subrayó la importancia de revisar también la actuación de otros funcionarios vinculados a decisiones recientes.
En ese contexto, mencionó la conducta del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, así como la de Mario Morazán, señalando que ambos no habrían atendido recomendaciones previas y que, en su opinión, actuaron de forma parcializada.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se pronunció sobre los señalamientos que pesan sobre Marlon Ochoa y fue más allá al recomendarle que considere la renuncia a su cargo.
Zambrano afirmó que el consejero electoral habría incurrido en presuntas violaciones a la Constitución de la República y a las leyes vigentes, lo que —según explicó— podría fundamentar un juicio político en su contra. “Él tiene todas las condiciones porque violó la Constitución para que se le aplique un juicio político; habrá justicia. Si yo fuera Marlon Ochoa, renunciara antes de que se le pueda aplicar un juicio político”, declaró el titular del Legislativo.
Las declaraciones de ambos actores se producen en un momento de alta tensión política, en el que distintos sectores demandan mayor transparencia y apego a la legalidad en el desempeño de los funcionarios públicos.
El juicio político, contemplado como un mecanismo constitucional para determinar responsabilidades de altos cargos del Estado, requeriría el respaldo de una mayoría calificada en el Congreso Nacional para su eventual aprobación y destitución.
Mientras tanto, el escenario político se mantiene expectante ante la posibilidad de que el Legislativo convoque a sesiones específicas para abordar estos señalamientos y definir si procede o no la apertura formal de procesos contra el Fiscal General y otros funcionarios mencionados.
