El Congreso Nacional de Honduras se prepara para retomar sus sesiones tras el receso de Semana Santa, con una agenda cargada de tensión política en la que destacan al menos cuatro juicios políticos dirigidos contra altos funcionarios vinculados a organismos electorales. La iniciativa, impulsada por el Partido Liberal, ha sido confirmada por la diputada Sarahí Espinal, quien detalló los alcances de estas acciones y el contexto en el que se desarrollarán.
De acuerdo con la congresista, su bancada promoverá formalmente los procesos contra integrantes tanto del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). En concreto, se trata de un consejero propietario y uno suplente del CNE, así como de un magistrado propietario y su respectivo suplente en el TJE, todos señalados por supuestas irregularidades en el proceso electoral celebrado el pasado 30 de noviembre.
Aunque Espinal evitó mencionar nombres de manera directa, dentro del Congreso ya se da por hecho que uno de los principales señalados es Marlon Ochoa, actual consejero del CNE, quien ha sido objeto de críticas por parte del oficialismo, integrado por sectores del Partido Nacional y el Partido Liberal. A Ochoa se le acusa de haber obstaculizado el desarrollo de los comicios generales, una versión que también alcanza a la consejera suplente Karen Patricia Rodríguez, quien presuntamente habría actuado en la misma línea.
Las acusaciones giran en torno a la supuesta alineación de ambos funcionarios con las directrices del partido Libertad y Refundación (LIBRE), en lugar de acatar las decisiones colegiadas del ente electoral. Este señalamiento ha sido uno de los principales argumentos para impulsar su eventual destitución mediante juicio político.
En paralelo, la lista de encausados también incluye al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, junto a su suplente Lourdes Maribel Mejía Estapé. Ambos son vinculados igualmente a LIBRE y enfrentan señalamientos similares relacionados con un presunto boicot al proceso electoral de 2025, según versiones que han circulado en el hemiciclo legislativo.
Espinal también indicó que estos juicios políticos serán promovidos por el Partido Liberal, mientras que el Partido Nacional estaría preparando una serie de denuncias adicionales que podrían involucrar hasta diez personas, aunque no se han revelado detalles sobre estos posibles nuevos implicados.
La parlamentaria también abordó las críticas que han surgido desde distintos sectores de la sociedad civil, que acusan al oficialismo de intentar concentrar el poder político en el país, replicando prácticas que, según ellos, se registraron durante la administración del partido LIBRE entre 2022 y 2026. Espinal reconoció que esta percepción puede tener fundamento, al señalar que en ese período dicho partido mantuvo control sobre instituciones clave como la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y el Ministerio Público.
A pesar del protagonismo de los juicios políticos en la agenda legislativa, la diputada enfatizó que existen otros temas urgentes que requieren atención inmediata, entre ellos la aprobación del Presupuesto General de la República. Este punto, aseguró, es fundamental para el funcionamiento del Estado y no debería quedar relegado por la coyuntura política.
