Tegucigalpa, Honduras. Autoridades del sector energético y representantes políticos reavivaron el debate sobre la implementación de medidores prepago en Honduras como una alternativa para combatir el hurto de energía y reducir las pérdidas económicas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La discusión surge en medio de cuestionamientos sobre la efectividad del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), impulsado durante la administración de la presidenta Xiomara Castro, que busca mejorar la recaudación y ampliar la instalación de contadores inteligentes en distintas zonas del país.
Según reportes recientes, miles de abonados aún carecen de medidores, mientras otros continúan siendo facturados mediante promedios de consumo, situación que expertos consideran una de las principales causas de las millonarias pérdidas de la estatal eléctrica. ()
El diputado por Cortés, Fernando Castro, manifestó que el sistema prepago podría convertirse en una herramienta útil para mejorar el control del servicio y focalizar mejor los subsidios eléctricos. El congresista sostuvo que también se requiere mayor supervisión en las zonas donde históricamente se reportan conexiones ilegales y morosidad.
Por su parte, dirigentes sindicales y especialistas del sector energético consideran que los medidores prepago permitirían disminuir el robo de energía y mejorar la recuperación financiera de la ENEE. Sin embargo, advirtieron que la medida debe acompañarse de transparencia, fiscalización y mejoras técnicas en la red de distribución.
La modalidad prepago ya había sido planteada años atrás durante la operación de la Empresa Energía Honduras (EEH), cuando se anunció la instalación gradual de contadores inteligentes dirigidos principalmente a clientes morosos y sectores con altos índices de pérdidas eléctricas.
Mientras tanto, usuarios continúan expresando en redes sociales inconformidad por revisiones de medidores, cobros elevados y cambios de contadores realizados por cuadrillas técnicas, aunque otros ciudadanos respaldan las inspecciones para detectar conexiones ilegales y reducir el fraude energético.
