TEGUCIGALPA.- En el mes de febrero del año en curso, el diputado Walter Romero presentó un proyecto de ley encaminado en proteger a todos los obligados tributarios, tras detectar que todos aquellos que se acogieron de buena fe y que pagaron el 1.5% de impuesto sobre sus ingresos y obtuvieron su finiquito o sello definitivo de acuerdo a lo que establecía el artículo 213 del código tributario, fueron violentados en sus derechos al publicarse el decreto 98-2018 que eliminaba los créditos fiscales.
Descargue y lea el decreto 55-2019
De acuerdo a las observaciones de Romero, esta era una interpretación incorrecta. Por tanto, el proyecto también fue presentado ante el pleno del Congreso por el poder ejecutivo.
El Congreso Nacional aprobó el decreto que fue publicado bajo el número 55-2019 y que contiene dos aspectos importantes:
- Deroga el decreto No.98-2018 el cual estaba eliminando los créditos fiscales a los contribuyentes que regularizaron.
- Se vuelve a interpretar el artículo 213 del código tributario y se establece una nueva interpretación en donde se deja claro que los contribuyentes que obtuvieron su finiquito o sello definitivo se dan por satisfechos todos sus derechos y obligaciones pero se exceptúan todos los saldos a favor o créditos fiscales reflejados en las Declaraciones Determinativas del Impuesto Sobre Ventas, por lo tanto, los obligados tributarios que tengan créditos fiscales o saldos a favor acumulados dentro de los períodos fiscales mensuales regularizados, podrán arrastrarlos y acreditarlos en los siguientes períodos fiscales no regularizados. Es decir que aún a los contribuyentes que se les notificó el cobro de sus créditos que tenían registrados en sus declaraciones a la fecha de la obtención de su finiquito y realizaron el pago, pueden solicitar la devolución de estos créditos, ya que está interpretación tiene carácter retroactivo y modifica el contenido del artículo 213 del código tributario desde su estado original.
