El Juzgado Nacional Penal dictó este viernes detención judicial contra el capitán en retiro, Santos Rodríguez Orellana, su esposa, Jennifer Lizzeth Bonilla y su suegra, Reina Lizeth Bonilla, acusados de lavado de activos.
Rodríguez Orellana guardará prisión en el Primer Batallón de Infantería en la capital.
Mientras que, Jennifer Lizzeth Bonilla y su madre, Reina Lizeth Bonilla serán enviadas a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara, Francisco Morazán.
La audiencia inicial en su contra se programó para el próximo martes a las 8:30 de la mañana.
El Ministerio Público ejecutó ayer la captura del excapitán de las Fuerzas Armadas Santos Rodríguez Orellana a quien se le ha presentado requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de Honduras, junto a Jennifer Lizzeth Bonilla (esposa) y Reina Lizeth Bonilla (suegra).
De acuerdo a las investigaciones iniciadas años atrás un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el excapitán realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE.
Del mismo modo, Rodríguez Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos DEA. Así mismo en escuchas telefónicas negociaba entrega de drogas luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra.
Posteriormente, al realizar el análisis financieros se pudo comprobar que durante el tiempo del excapitán en las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras, sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingreso en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020 más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles. Con lo anterior, se evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la administración de rentas no es coherente con lo declarado.
