sábado, marzo 7, 2026

Opiniones internacionales: Hay que tomar acciones contra el terrorismo de estado

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Los organismos internacionales y gobiernos democráticos tienen la obligación legal de tomar medidas efectivas

Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Evo Morales

Los gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua utilizan “métodos ilegítimos y criminales orientados a producir miedo y terror en la población civil para mantenerse en el poder y lograr comportamientos que no se producirían de otra manera”.

Esto es “terrorismo de estado” integrado por “crímenes de lesa humanidad”, probados con detenciones, torturas, acusaciones falsas, sentencias, asesinatos y violaciones de derechos humanos. Organismos internacionales y gobiernos democráticos tienen la obligación legal de tomar acciones efectivas contra el terrorismo de Estado.

El avance del Derecho Internacional ofrece en el siglo XXI normas obligatorias y con efectos punitivos para proteger los derechos humanos, la libertad, la democracia, la propiedad, el debido proceso, perseguir la delincuencia organizada y sancionar las crímenes de lesa humanidad y más.

Estas y muchas otras normas de cumplimiento obligatorio son las que los jefes de gobierno y sus entornos en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua violan con impunidad y reincidencia. Estas leyes demuestran que los grupos que detentan el poder agrupados como socialismo del siglo XXI o Castrochavismo, operando por medio del Foro de Sao Paolo son “grupo estructurado de delincuencia organizada transnacional”, no son política, son crimen que usan como coartada la ideología para encubrir sus narcoestados y terrorismo de Estado, estos llegan orientados a producir miedo y terror en la población civil para mantenerse en el poder

Estas mismas leyes son obligatorias para los gobiernos democráticos y los organismos internacionales, que al no cumplirlas y hacerlas respetar, las violan por omisión, por incumplimiento de deberes inherentes a su función de gobernantes y funcionarios internacionales. El crimen puede seguir impune sólo si los obligados a sancionarlo parecen coexistir con él aceptando a los criminales como políticos y jefes de Estado y de gobierno.

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