Entre los jueces elegidos permanece el actual presidente, Maykel Moreno, con una intachable hoja de servicios para el régimen bolivariano y un pasado oscuro, manchado con una condena por homicidio durante su etapa de policía.

También repite Gladys Gutiérrez, presidenta del TSJ hasta 2017 y antigua rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE).

«El proceso de designación de nuevos magistrados ha carecido de transparencia desde su inicio. El resultado parece reafirmar el control político de la independencia y autonomía de la justicia para garantizar los derechos humanos», advirtió la Comisión Internacional de Juristas (CIJ). La Constitución dicta que los magistrados sólo pueden formar parte del TSJ durante un periodo único de 12 años, pese a que entre los elegidos casi la mitad repite mandato.

«La dictadura pretende hacer un cambio cosmético. Mandan los mismos, se decide igual, el compromiso por la impunidad se mantiene. Salen algunos, no los más comprometidos, llegan otros a comprometerse a sostener la estructura criminal. Nada cambia», sentenció el antiguo fiscal Zair Mundaray, hoy en el exilio.

«Instamos a la comunidad internacional a desconocer este proceso que mantiene y profundiza la crisis institucional. Busca proteger a corruptos y a violadores de derechos humanos», exhortó en un comunicado el Gobierno Interino.