21 de agosto de 2024
El caso del juez Marco Vallecillo, ahora detenido en las instalaciones de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, popularmente conocidas como «Los Cobras», ha dado un nuevo giro con la reciente juramentación de peritos por parte del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, Mi Ambiente y Criminalidad Organizada. Esta decisión se tomó a solicitud del Ministerio Público, que a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), espera realizar una serie de análisis detallados sobre el teléfono móvil y la computadora del juez Vallecillo.
La jornada de juramentación, llevada a cabo ayer, ha marcado un hito previo a la audiencia inicial programada para este viernes a las 9:00 de la mañana. Durante esta audiencia, se analizará la carga probatoria presentada por la Fiscalía, que incluye, entre otros elementos, el vaciado telefónico y la extracción de datos de los dispositivos electrónicos del juez. El objetivo de estas diligencias es obtener las pruebas necesarias que puedan sustentar un auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de Vallecillo.
La Fiscalía, representada por tres peritos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), tiene en su poder un cúmulo de pruebas que pretenden corroborar las acusaciones en contra del juez. Entre estas pruebas destacan un informe de investigación de la ATIC, patrones fotográficos, declaraciones de un testigo protegido, actas de inspección y decomiso de dinero, y otros documentos clave que fueron anexados en el requerimiento fiscal.
Sin embargo, la defensa de Vallecillo ha levantado serias preocupaciones sobre la manipulación de evidencia clave. En una declaración reciente, el juez afirmó que su teléfono móvil, que entregó de manera voluntaria, fue manipulado por las autoridades. Según Vallecillo, “los audios en los que me apartan por completo de esta acusación fueron borrados, fueron sacados, fueron exterminados de mi teléfono”. Asimismo, mencionó que fotografías relevantes que demostraban presiones por parte de ciertas personas también fueron eliminadas, sugiriendo que se trata de una persecución personal motivada por rencillas.
Vallecillo, quien desde su detención ha mantenido su inocencia, expresó su preocupación por la integridad de las pruebas y por su seguridad personal y la de su familia. “Soy el trofeo de esta lucha falsa contra la criminalidad organizada”, manifestó, refiriéndose a su arresto como un intento de hacer de él un ejemplo en la lucha contra el crimen, mientras que, según él, los verdaderos responsables quedan impunes.
La detención del juez Marco Vallecillo ocurrió el pasado sábado en una gasolinera en la salida al sur, durante una operación de entrega controlada de tres millones de lempiras, que supuestamente recibiría de un testigo protegido como pago de extorsión. Este dinero, según las acusaciones, sería utilizado por Vallecillo para garantizar la exclusión del testigo en un caso de corrupción que estaba bajo la lupa de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), conocido como el caso CISCO.
Este caso tomó relevancia pública después de que el fiscal general Johel Zelaya publicara en su cuenta oficial de “X” que había ordenado la captura de un juez de jurisdicción nacional por supuestamente utilizar su posición y el nombre de fiscales de la UFERCO para extorsionar a investigados por corrupción. La publicación del fiscal encendió el debate sobre la integridad del sistema judicial y las prácticas de extorsión dentro del mismo.
Tras su captura, el domingo, Marco Vallecillo fue presentado ante un juez para la audiencia de declaración de imputado. En dicha audiencia, el juez resolvió dictar la detención judicial y ordenar su reclusión en «Los Cobras», donde se encuentra a la espera de la próxima audiencia.
La defensa del juez ha cuestionado duramente las acciones del Ministerio Público, alegando que las pruebas fueron manipuladas y que el proceso está viciado por intereses personales. Mientras tanto, la Fiscalía sigue adelante con sus diligencias, con la esperanza de presentar un caso sólido que permita la judicialización efectiva de Vallecillo.
El desenlace de este proceso, que ya ha captado la atención pública, será crucial no solo para determinar el futuro de Marco Vallecillo, sino también para evaluar la transparencia y justicia en los procedimientos legales contra figuras del sistema judicial en Honduras.
