Entre las organizaciones clausuradas se encuentran cerca de 90 iglesias y asociaciones evangélicas, 40 asociaciones de ganaderos, una entidad católica, un grupo de académicos jubilados, y la Fundación contra el Cáncer y Sida.
Es una nueva escalada de medidas represivas contra la sociedad civil. El decreto, emitido por el Ministerio del Interior y publicado en el diario oficial La Gaceta, establece la «Cancelación de Personalidad Jurídica y Registro de 169 Organismos sin Fines de Lucro, por estar en incumplimientos de las Leyes». De acuerdo con la legislación vigente, los bienes de estas organizaciones serán confiscados y pasarán a manos del Estado.
Este golpe se suma a una tendencia creciente de represión gubernamental que ha resultado en el cierre de casi 5,500 ONGs en los últimos seis años, marcando un claro patrón de control estatal sobre la sociedad civil en Nicaragua.
Un Contexto de Represión Post-2018
El endurecimiento de las leyes contra las ONGs comenzó tras las protestas de 2018, que sacudieron a Nicaragua durante tres meses y resultaron en la muerte de más de 300 personas, según datos de la ONU. Ortega, un exguerrillero de 78 años que ha gobernado Nicaragua en dos períodos diferentes, sostiene que las ONGs, y particularmente la Iglesia católica, apoyaron las protestas que él considera un intento de golpe de Estado instigado por Estados Unidos.
Hace apenas nueve días, el gobierno de Ortega había cerrado otras 1,500 ONGs, la mayoría de ellas de naturaleza religiosa, lo que llevó a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a calificar la medida como «sumamente alarmante».
Nuevas Restricciones y Sanciones Internacionales
El 22 de agosto, entró en vigor una nueva ley que incrementa la presión sobre las iglesias y las ONGs, al obligar a las primeras a pagar impuestos y restringir a las segundas a operar únicamente en «alianzas de asociación» con entidades estatales.
Este cerco contra las organizaciones no gubernamentales y religiosas forma parte de un conjunto más amplio de medidas autoritarias por parte del gobierno de Ortega, que ha llevado al cierre de radios y universidades católicas. Estos actos han atraído sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que acusan al régimen nicaragüense de socavar las libertades fundamentales y de gobernar mediante la represión.
El Futuro de la Sociedad Civil en Nicaragua
La clausura de estas organizaciones no solo restringe el espacio de acción para la sociedad civil, sino que también elimina importantes fuentes de apoyo y recursos para las poblaciones más vulnerables del país, incluidos los niños, las víctimas del cáncer y del sida, y las comunidades religiosas.
El futuro de la sociedad civil en Nicaragua sigue siendo incierto, con un gobierno que muestra poca disposición a ceder su control y un panorama internacional que observa con creciente preocupación. Mientras tanto, el impacto inmediato de estas medidas recae directamente sobre las comunidades que dependían de estas organizaciones para su bienestar y protección.
