11 de octubre de 2024
Luis Javier Santos, fiscal en jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), ha afirmado de manera categórica que existen pruebas suficientes para sustentar las acusaciones contra un grupo de ocho personas, entre ellas el exalcalde de Tegucigalpa, Nasry «Tito» Asfura. El caso, que se centra en delitos de corrupción, involucra a exfuncionarios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en un esquema de lavado de dinero que desvió más de 28 millones de lempiras.
Según la investigación liderada por el Ministerio Público, los implicados, encabezados por el exalcalde Asfura, habrían formado parte de una red de corrupción que drenó 28 millones 559 mil 062.20 lempiras. Junto a él, las acusaciones también recaen sobre Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela y Nilvia Ethel Castillo, quienes están señaladas por la comisión de varios delitos, incluyendo lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios.
Otros involucrados en el caso son Mario Roberto Zerón Suazo y Rony López Córdova, acusados de fraude y violación de los deberes de los funcionarios; mientras que Wilmer Gerardo Rodríguez y Roger Ariel Amador enfrentan cargos de lavado de activos, fraude y uso de documentos falsos. La magnitud de las acusaciones pone en el centro de atención a los exfuncionarios de la AMDC, quienes, según la Fiscalía, habrían tejido un esquema de corrupción que operaba desde las más altas esferas de la administración municipal.
Santos señaló que la investigación que involucra a estas personas ha estado en curso desde 2018. “Hay aspectos del requerimiento que no se pueden divulgar todavía, pero confiamos en que el juez resolverá pronto el caso”, expresó el fiscal, mostrando una clara confianza en las pruebas acumuladas durante estos años.
El fiscal Santos también destacó que todo el proceso de investigación se ha llevado a cabo respetando los derechos y garantías de los acusados. Según explicó, a todos se les ha citado para tomar sus declaraciones y versiones, cumpliendo con los procedimientos legales establecidos. “Nuestro trabajo ha sido realizar la investigación de manera exhaustiva y presentar los requerimientos. No hemos solicitado secretividad en el proceso, por lo que toda la documentación pertinente será pública”, aseguró Santos.
Ahora, la atención se centra en la decisión del juez, quien tendrá la última palabra sobre si emite o no una orden de captura contra Nasry Asfura, el exalcalde capitalino. La resolución del caso podría marcar un importante precedente en la lucha contra la corrupción en Honduras y poner en entredicho la imagen de uno de los personajes políticos más conocidos del país.
