Tegucigalpa, 11 de octubre de 2024
El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente ha dado un importante paso en el caso relacionado con la compra irregular de hospitales móviles durante la pandemia de Covid-19. En una audiencia preliminar, el tribunal dictó el Auto de Apertura a Juicio Oral y Público en la causa instruida contra los exfuncionarios Carlos Luis Guevara, Héctor Herrera, Rocío Tábora y Daniel Ardón. Los acusados son señalados como cooperadores necesarios en los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública.
El caso tiene su origen en la adquisición irregular de siete unidades hospitalarias, que fueron compradas en Turquía durante el apogeo de la pandemia. La compra, que fue justificada en su momento como una medida urgente para atender a los pacientes con Covid-19, ahora es objeto de investigación debido a que los hospitales móviles no cumplían con las especificaciones técnicas necesarias para el aislamiento y tratamiento adecuado de los pacientes. Según informes periciales, estos hospitales carecían de las condiciones mínimas requeridas, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado de Honduras superior a los 47 millones de dólares.
Los informes técnicos revelaron que los hospitales no reunían las condiciones mínimas de aislamiento y no contaban con los equipos adecuados para tratar a los pacientes afectados por el virus. Esta falta de conformidad con las especificaciones técnicas no solo dejó al descubierto una mala gestión, sino también posibles actos de corrupción. En ese sentido, se abrió una investigación para determinar la responsabilidad de los funcionarios encargados de la adquisición.
El Papel de los Acusados
Entre los acusados se encuentra Rocío Tábora, exsecretaria de Finanzas, quien jugó un papel clave en la aprobación de los fondos para la compra de los hospitales. Junto a ella, Carlos Luis Guevara y Héctor Herrera, quienes desempeñaban funciones clave en la administración pública durante ese periodo, también están siendo señalados por su participación en el proceso de compra. Por su parte, Daniel Ardón, que formaba parte del equipo encargado de la supervisión de las adquisiciones, también enfrenta cargos por su presunta implicación en el caso.
El Ministerio Público sostiene que estos funcionarios actuaron de manera negligente, incumpliendo con sus deberes y contribuyendo de forma directa a la comisión de fraude en perjuicio del Estado. La falta de rigurosidad en la evaluación de las condiciones de los hospitales y la posterior autorización de la compra, según las investigaciones, habrían permitido que se materializara este perjuicio millonario.
Los próximos meses serán decisivos para determinar el futuro legal de Rocío Tábora, Carlos Luis Guevara, Héctor Herrera y Daniel Ardón, quienes podrían enfrentar duras penas si se confirma su implicación en este escándalo de corrupción que ha golpeado fuertemente la confianza en la gestión pública durante una de las peores crisis sanitarias que ha vivido Honduras.
