El economista y exdiputado Walter Romero ha manifestado su rechazo rotundo a la Ley de Justicia Tributaria que impulsa el gobierno, señalando que lejos de ser una solución, esta ley generará más pobreza y aumentará el desempleo en el país. Además, advierte que las repercusiones económicas y sociales podrían ser devastadoras, forzando a más hondureños a emigrar en busca de oportunidades.
Romero refutó los argumentos del gobierno sobre la supuesta pérdida de 66,000 millones de lempiras en exoneraciones fiscales. «Esto es una falacia. Si no se otorgaran incentivos fiscales, estas empresas no estarían operando en Honduras; estarían en países vecinos como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y México, donde también se ofrecen estos beneficios. No es un ahorro real, porque al eliminar estos incentivos, el país perderá cientos de miles de empleos y el gobierno dejará de percibir ingresos importantes, como los más de 350 millones de lempiras anuales en retenciones de impuestos sobre la renta de los empleados de estas empresas», explicó.
Romero también criticó fuertemente el impacto que tendría la eliminación del secreto bancario y comercial, en un país que enfrenta altos niveles de inseguridad jurídica y ciudadana, especialmente en el contexto de la extorsión. «Honduras es un país donde la extorsión es uno de los mayores problemas que enfrentan las empresas y los ciudadanos. Eliminar el secreto bancario y comercial en este entorno solo expone aún más a los emprendedores y a las compañías a un riesgo inmenso. Las empresas ya operan con miedo a la extorsión, y si las autoridades tienen acceso indiscriminado a información sensible, esto puede caer en manos equivocadas, aumentando la inseguridad», alertó.
La inseguridad jurídica es otro factor clave que Romero subrayó como un desincentivo para la inversión extranjera y nacional. «Honduras ya tiene una inseguridad jurídica muy elevada, con cambios en las leyes y normativas que generan incertidumbre en los inversionistas. Si a esto le sumamos la posibilidad de eliminar los incentivos fiscales y exponer la información bancaria, lo único que vamos a lograr es ahuyentar aún más a las empresas, lo que reducirá la competitividad del país frente a nuestros vecinos», señaló.
Además, destacó cómo la inseguridad jurídica afecta directamente a las decisiones de inversión. «Algunas empresas han detenido sus planes de expansión debido a la incertidumbre sobre el futuro de estos regímenes especiales. Esto no solo significa una pérdida en la creación de empleo, sino también en la atracción de nuevas inversiones que podrían haber dinamizado la economía hondureña», agregó.
Romero no desconoce la importancia de regular los abusos, pero considera que ya existen mecanismos legales para auditar los beneficios fiscales, específicamente en el artículo 21 del Código Tributario. «La Secretaría de Finanzas, junto al Servicio de Administración de Rentas, ya tiene la facultad de verificar si los beneficiarios de exoneraciones están cumpliendo con sus objetivos. Si no lo están, pueden revocarlas sin necesidad de crear nuevas leyes ni de eliminar por completo los incentivos que mantienen vivos sectores como la maquila y el agro», explicó.
El economista concluyó su intervención haciendo un llamado urgente a los diputados: «Revisen esta ley con lupa, y de ser posible no la aprueben porque Honduras no puede darse el lujo de perder más empleos. Cada decisión cuenta cuando más de 3.2 millones de hondureños están desempleados. Cambiar las reglas del juego ahora sería un tiro de gracia a la inversión, aumentando la pobreza y empujando a más compatriotas a huir del país en busca de oportunidades en el extranjero.»
