Equipos de la Policía Nacional continúan la búsqueda de doce personas desaparecidas en la zona norte de Honduras, particularmente en las áreas de Baracoa y Crique de las Marías. El director general de la Policía Nacional, Juan Manuel Godoy, informó que un equipo de buzos sigue rastreando el río Ulúa, donde recientemente fue encontrado un vehículo, una Ford roja, vinculada a las desapariciones, en un presunto enfrentamiento entre narcotraficantes.
«Estamos realizando diversas diligencias investigativas. Hemos recuperado el vehículo del río, pero aún no hemos encontrado los cuerpos. Esperamos que, con la ayuda de Dios, estas personas estén bien, aunque la situación se ha tipificado como un secuestro», explicó Godoy, dejando entrever la gravedad del caso.
El panorama se oscurece aún más con el hallazgo de tres cuerpos desmembrados y decapitados en el municipio de Victoria, Yoro. Las víctimas han sido identificadas como José Bernabé Acevedo Murcia, alias «Berna»; Carlos Miguel Núñez Vega, alias «Caluy»; y Júnior Iván Mejía Hernández, todos supuestos narcotraficantes vinculados a secuestros masivos ocurridos en junio en las mencionadas localidades. Estos crímenes parecen ser parte de una escalada de violencia en una disputa feroz entre dos grupos criminales rivales.
La Policía Nacional había ofrecido recompensas de 300,000 y 200,000 lempiras por información que condujera a la captura de «Berna» y «Caluy», respectivamente. Sin embargo, los tres hombres fueron encontrados muertos en condiciones macabras, lo que sugiere que se trata de una advertencia brutal en el marco de una vendetta que ha cobrado numerosas vidas.
Godoy afirmó que las investigaciones avanzan y que se están identificando a los responsables de estos homicidios. «Sabemos quiénes son las víctimas y tenemos indicios sobre quienes están detrás de estos crímenes. Esperamos tener resultados concretos pronto», aseguró el funcionario.
A pesar de estos esfuerzos, el director policial reconoció que la cobertura de seguridad en algunas zonas del país sigue siendo insuficiente, especialmente en regiones como Gracias a Dios y partes de Colón. Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, la implementación del estado de excepción ha desviado los recursos destinados a la lucha contra el narcotráfico en áreas donde el crimen organizado mantiene un control casi total.
Godoy subrayó que la prioridad de la Policía Nacional es garantizar la seguridad interior y reducir la violencia derivada del microtráfico, la cual constituye una de las principales causas de homicidios en el país. Aunque la colaboración con Estados Unidos en la lucha antidrogas continúa, el enfoque ha cambiado para enfrentar el problema desde sus raíces, abordando el control territorial que ejercen maras y pandillas.
El reto persiste en las denominadas «zonas sin ley», donde la presencia del crimen organizado y la corrupción han arraigado profundamente, desafiando los esfuerzos gubernamentales para restaurar el orden.
