El abogado defensor de Asfura, Dagoberto Aspra, argumenta que el fiscal Santos podría estar influenciado por vínculos personales y profesionales, lo que compromete su imparcialidad en el caso.
Tegucigalpa, Honduras
En un giro inesperado en el caso contra Nasry «Tito» Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y precandidato presidencial, el juez de la Sala de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción decidió separar al fiscal Luis Javier Santos del proceso. La decisión se basa en un posible conflicto de intereses, dado que la esposa del fiscal ocupa un cargo de confianza en una secretaría del gobierno, lo cual podría influir en la imparcialidad del fiscal.
El abogado defensor de Asfura, Dagoberto Aspra, presentó una solicitud formal de recusación argumentando que Santos ha demostrado públicamente su parcialidad en el caso, el cual ha estado en proceso por más de cuatro años sin que se haya podido comprobar delito penal alguno. Aspra sostuvo que el vínculo de Santos con el gobierno, a través de su esposa, otorga beneficios directos e indirectos que podrían estar condicionando sus decisiones. Además, señaló que la actuación de Santos en el caso ha sido ampliamente mediatizada, lo cual, en su opinión, infringe los derechos de su defendido.
Aspra comunicó la resolución a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), donde escribió: «La recusación presentada contra Luis Santos fue admitida y el juez le ordenó abandonar la sala. Santos se quedó sin poder participar, aunque permaneció sentado en la última fila».
Aspra añadió que considera que la separación de Santos podría afectar su continuidad en otros procesos dentro del Ministerio Público. «Este vínculo persistente de su esposa con el gobierno puede motivar futuras recusaciones que lo apartarán de otros casos», comentó.
El fiscal Luis Javier Santos ha reconocido públicamente que su esposa ocupa un alto cargo en una secretaría estatal, lo que motivó la decisión del juez de apartarlo del juicio. La primera audiencia del caso se llevó a cabo el lunes, marcando el inicio de un proceso en el que la defensa sostiene que Asfura es inocente de los cargos penales imputados, argumentando que el caso debe resolverse como una cuestión administrativa.
