Conadeh alertó que la extorsión es la segunda causa que impulsa el desplazamiento forzado en Honduras.
5 de noviembre de 2024 – 1:43 AM
Según el organismo, el 56% de las personas en riesgo o víctimas de este delito no denuncian, debido a una profunda desconfianza en las instituciones de seguridad.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, declaró que el fenómeno de la extorsión ha alcanzado niveles alarmantes y que está obligando a comerciantes, transportistas, trabajadores y pequeños emprendedores a abandonar sus hogares y negocios ante las constantes amenazas. «La extorsión es uno de los grandes problemas que tiene el país y está generando desplazamiento forzado interno», afirmó Reyes.
De acuerdo con el análisis de las denuncias atendidas por el Conadeh, la extorsión figura como una de las principales causas de desplazamiento interno, solo superada por otros factores de violencia. Reyes agregó que el impacto sobre los sectores económicos es devastador, especialmente para aquellos que carecen de los recursos para enfrentar este tipo de amenazas.
Urgente necesidad de políticas efectivas y protección estatal
El Conadeh ha hecho repetidos llamados al Estado hondureño para abordar las causas del desplazamiento forzado, instando a que se implemente un marco de protección que funcione en la práctica. «Si la extorsión sigue presente, significa que las políticas o las estrategias actuales no están siendo efectivas», señaló Reyes, quien cuestionó las medidas de emergencia y las suspensiones de garantías constitucionales, ya que no han logrado frenar este delito.
Reyes subrayó la importancia de fortalecer la institucionalidad de seguridad y justicia en el país, y afirmó que es fundamental que las personas que denuncien extorsiones sientan que su caso será investigado y que recibirán la protección necesaria por parte del Estado.
La falta de confianza en las autoridades impide la denuncia
Uno de los factores más preocupantes que destacó Reyes es la profunda desconfianza que la ciudadanía tiene hacia las instituciones. Según el Conadeh, el 56% de los afectados por extorsión no denuncian sus casos debido a la falta de fe en la capacidad de las autoridades para protegerlos. Esta realidad agrava la situación de vulnerabilidad de quienes ya se encuentran en riesgo, sin opciones de apoyo y obligados a huir para salvaguardar su integridad.
Reyes concluyó que es imperativo trabajar en el fortalecimiento institucional y en la generación de confianza entre la población, junto con la implementación de mecanismos efectivos de protección. «Si una persona denuncia extorsión, el Estado debe protegerla, no ponerla en un riesgo mayor al que ya enfrenta», señaló, enfatizando la necesidad de una respuesta estatal eficiente y humana.
La extorsión no solo está afectando la economía y seguridad de Honduras, sino también erosionando la confianza pública, obligando al país a enfrentar un desafío que requiere de políticas urgentes y eficientes para frenar el desplazamiento forzado y restaurar la esperanza de seguridad entre sus ciudadanos.
