Una escalada de muertes violentas, especialmente de mujeres, que en su mayoría permanecen en la impunidad.
12 de noviembre de 2024
Wendy Juárez, delegada del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en el departamento, instó a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad y justicia en la región.
Este departamento se ha convertido en uno de los más peligrosos del país, con un saldo de más de 1,500 muertes violentas desde 2020 hasta octubre de 2024. La violencia ha afectado principalmente a los municipios de Catacamas y Juticalpa, que concentran más del 51% de los homicidios de la región.
En 2020, Olancho registró 290 muertes violentas; sin embargo, esa cifra fue en aumento, alcanzando 341 casos en 2021, 355 en 2022 y 309 en 2023. En lo que va de 2024, se registran aproximadamente 250 muertes, lo que evidencia un patrón continuo de violencia en la región.
Catacamas y Juticalpa se encuentran entre los municipios más violentos de Honduras. Durante 2023, Catacamas ocupó el sexto lugar a nivel nacional con 81 homicidios, mientras que Juticalpa se ubicó en la décima posición con 69 víctimas. Ambos municipios solo fueron superados en índices de homicidios por grandes urbes como el Distrito Central, San Pedro Sula, y Choloma.
Juárez señaló que la falta de justicia para las víctimas afecta no solo a sus familias, sino también a toda la comunidad que clama por respuestas efectivas de parte de las autoridades. «Es vital devolver la tranquilidad y la seguridad, especialmente para aquellos que impulsan el desarrollo económico y social en la región», sostuvo la delegada.
A medida que se acerca una temporada de gran actividad económica, la funcionaria advirtió que la paz es fundamental para que las actividades comerciales y de desarrollo puedan prosperar sin temor a la violencia. Además, Juárez resaltó que uno de los mayores deseos de Conadeh es que en el país no existan muertes violentas y que la población, tanto hombres como mujeres, puedan vivir dignamente en un ambiente seguro.
La comunidad de Olancho y sus defensores de derechos humanos esperan que esta situación no siga siendo desatendida y que, finalmente, se haga justicia para evitar que la impunidad siga siendo la norma.
