Tegucigalpa, Honduras
A pocos días de que expire la cuarta ampliación del Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las posibilidades de instalar la esperada Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) parecen esfumarse. Expertos aseguran que, más que una realidad, la CICIH podría convertirse en una herramienta política para la próxima campaña electoral, encabezada por la precandidata oficialista, Rixi Moncada.
La abogada constitucionalista Ana Pineda señaló que los plazos están agotados para que la CICIH se haga realidad durante la administración de la presidenta Xiomara Castro. “Ya no hay una posibilidad de que en este gobierno se pueda instalar la CICIH, salvo que sea parte de un cálculo político que deje a la candidata oficialista la responsabilidad de prometer su instalación como propuesta de campaña”, afirmó.
La sombra de las promesas incumplidas
El gobierno de Xiomara Castro, que llegó al poder con el compromiso de combatir la corrupción, enfrenta críticas por la falta de avances significativos en este tema. Aunque se han realizado reuniones entre altos funcionarios hondureños y representantes de la ONU, incluyendo al canciller Enrique Reina y a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, los resultados concretos siguen siendo inexistentes.
Pineda considera que este contexto refleja una estrategia política clara: “Estamos en un año completamente político, donde las negociaciones con la ONU las lideran figuras vinculadas a la fórmula presidencial del oficialismo. Esto refuerza la percepción de que la CICIH será utilizada como una bandera electoral”.
Una figura clave en la contienda electoral
Rixi Moncada, además de ser ministra de Defensa, forma parte del equipo negociador con la ONU, lo que la coloca en una posición estratégica para volver a prometer capitalizar la promesa de la CICIH. Esta doble función, según analistas, podría ser parte de un plan para fortalecer su candidatura dentro del partido Libertad y Refundación (Libre).
Por su parte, el canciller Enrique Reina, también miembro del equipo negociador, acompaña a Moncada en estas gestiones. Su rol ha sido cuestionado, ya que, hasta el momento, no se ha logrado concretar un acuerdo definitivo con la ONU para la instalación de la CICIH.
Críticas a la estrategia oficialista
Ana María Calderón, exvocera de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), expresó su escepticismo sobre las intenciones del gobierno. “El interés de Libre parece estar más enfocado en prometer que en cumplir. No creo que tengan la capacidad ni la voluntad de generar las condiciones necesarias para instalar la CICIH”, afirmó.
Calderón recordó que la experiencia de la MACCIH dejó lecciones importantes sobre los desafíos de implementar mecanismos internacionales de combate a la corrupción en un contexto político adverso. “Prometer una CICIH sin un plan claro y sin voluntad política real solo genera frustración en la población”, agregó.
El desafío de la credibilidad
La falta de avances concretos en la instalación de la CICIH no solo afecta la credibilidad del gobierno actual, sino que también plantea dudas sobre el compromiso de Libre en la lucha contra la corrupción. Aunque la CICIH fue una de las promesas clave de campaña de Xiomara Castro, la percepción de que su cumplimiento se pospone estratégicamente para fines electorales podría debilitar el apoyo popular al oficialismo.
En un panorama político marcado por la desconfianza y el escepticismo, el destino de la CICIH sigue siendo incierto. Si bien su implementación podría representar un avance significativo en la lucha contra la corrupción, el manejo político de este tema podría relegarla a un lugar secundario en la agenda nacional, transformándola en una promesa más que quedó sin cumplir.
Conclusión
Mientras el tiempo se agota para la instalación de la CICIH en el actual gobierno, el debate sobre su viabilidad y su utilidad política se intensifica. La promesa de combatir la corrupción con apoyo internacional parece estar más cerca de convertirse en un discurso electoral que en una realidad tangible, dejando a la población hondureña con la incertidumbre de si algún día verá el cumplimiento de una de las demandas más urgentes del país.
