Caracas, 8 de enero de 2025 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe contundente en el que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de cometer una serie de violaciones graves a los derechos humanos tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Según el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), el régimen habría ejecutado al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, cerca de 2.000 detenciones arbitrarias, así como torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La publicación del informe se produce apenas tres días antes de la toma de posesión de Maduro para su tercer mandato, lo que, según la CIDH, fue logrado mediante un plan represivo diseñado para consolidar su poder y neutralizar a la oposición política.
Un patrón de represión planificado
En palabras de Gloria De Mees, relatora de la CIDH para Venezuela, la estrategia del gobierno de Maduro constituye un ejemplo claro de «terrorismo de Estado» dirigido a desmovilizar a la oposición y perpetuarse ilegítimamente en el poder. Según el informe, la represión estuvo organizada en tres fases: el período preelectoral, el día de las elecciones y el periodo posterior a los comicios, siendo esta última la etapa más violenta.
Uno de los ejes centrales de esta estrategia represiva fue la implementación de la llamada «Operación Tun Tun», una respuesta directa a las más de 300 manifestaciones registradas en todo el país tras las elecciones, motivadas por denuncias generalizadas de fraude. Esta operación, según la CIDH, dejó un saldo devastador:
- 25 asesinatos.
- Desapariciones forzadas breves.
- 2.000 detenciones arbitrarias, entre las que se incluyen menores de edad.
- Torturas y violaciones de derechos fundamentales, como la libertad de expresión y las garantías judiciales.
Tácticas de control y amedrentamiento
El informe también detalla las tácticas empleadas por las fuerzas de seguridad y grupos afines al gobierno para ejercer control y sembrar el miedo entre la población. Entre ellas, se destacan:
- Allanamientos sin orden judicial.
- Marcación de viviendas de opositores.
- Redadas masivas en comunidades populares.
- Cancelación abrupta de pasaportes de líderes opositores.
Estas acciones forman parte de una estrategia integral que, según la CIDH, busca desarticular cualquier forma de resistencia o disidencia frente al régimen.
Llamado a la acción internacional
La CIDH ha instado a la comunidad internacional a mantenerse alerta frente a la crisis de derechos humanos en Venezuela y a tomar medidas concretas para evitar una nueva escalada represiva. Entre las recomendaciones incluidas en el informe, destacan el llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que presente un caso formal contra el gobierno de Maduro por crímenes de lesa humanidad.
El informe concluye con una lista de propuestas orientadas a restablecer la democracia, garantizar la administración de justicia, proteger los derechos políticos, y reforzar la seguridad ciudadana y la libertad de expresión en Venezuela.
La comunidad internacional observa con atención mientras Maduro se prepara para asumir un nuevo mandato, en un contexto donde las denuncias de violaciones a los derechos humanos continúan ensombreciendo el panorama político del país.
