Una reforma a la Constitución que establece la pérdida de la nacionalidad nicaragüense para aquellos considerados «traidores a la patria».
Managua, Nicaragua. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles, en segunda y definitiva legislatura, La medida, avalada de forma unánime por el parlamento dominado por el oficialismo, afecta a un total de 452 ciudadanos, entre ellos personalidades como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez.
Los cambios constitucionales
La enmienda incorpora al texto constitucional la privación de nacionalidad para quienes incurran en acciones que, según el Gobierno, atenten contra la soberanía, la independencia y la estabilidad del país.
Dicha legislación considera «traidores a la patria» a quienes lideren o financien golpes de Estado, promuevan actos terroristas, inciten a la intervención extranjera, gestionen bloqueos económicos contra el país o aplaudan sanciones internacionales. La reforma también elimina el artículo 20 de la Constitución, que protegía a los ciudadanos de ser despojados de su nacionalidad, incluso al adquirir otra.
Contexto político y represión
En febrero de 2023, 222 presos políticos fueron excarcelados bajo acusaciones de traición a la patria, perdiendo su nacionalidad a pesar de que la reforma no estaba en vigor. Entre los afectados se encontraban líderes opositores, críticos del sandinismo y miembros de la Iglesia.
Posteriormente, otras 94 figuras públicas, incluidos Sergio Ramírez, Gioconda Belli y el obispo auxiliar Silvio Báez, también fueron despojados de su nacionalidad. En septiembre de 2024, el número de afectados aumentó al incluir a 135 presos políticos expulsados hacia Guatemala.
Implicaciones internacionales y críticas
La decisión ha generado un fuerte rechazo dentro y fuera de Nicaragua. Diversos organismos internacionales, defensores de derechos humanos y gobiernos han condenado la reforma, calificándola como una herramienta de represión contra los opositores al régimen de Ortega. La eliminación del derecho a la nacionalidad se percibe como una violación a principios fundamentales reconocidos por el derecho internacional.
Por su parte, las personas despojadas de su ciudadanía han denunciado que esta medida busca silenciar cualquier voz disidente, al tiempo que las deja en una situación de indefensión jurídica. Escritores como Sergio Ramírez y Gioconda Belli han expresado públicamente su indignación, calificando las acciones del Gobierno como una «afrenta contra la libertad de expresión y los derechos humanos».
Una estrategia de control
El régimen de Ortega ha recurrido a esta estrategia como un mecanismo para consolidar su control político y acallar a sus detractores. La reforma constitucional evidencia una escalada en las tácticas represivas del Gobierno, que ha encontrado en la desnaturalización de ciudadanos una nueva forma de castigo.
