La figura de los colectivos tiene sus raíces en un modelo similar desarrollado en Venezuela.
Por Agencia EFE
En un acto marcado por el hermetismo y la crítica internacional, el Gobierno de Nicaragua, liderado por el presidente Daniel Ortega, oficializó este jueves la juramentación de 2.504 nuevos “policías voluntarios”, también denominados “colectivos”. Este controvertido grupo, que ha sido tildado de “paramilitar” por sectores opositores, se presentó en los departamentos fronterizos de Estelí y Madriz con el rostro cubierto por pasamontañas, gafas oscuras y uniformes parcialmente identificables.
En la ceremonia, presidida por el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, los voluntarios juraron su promesa de ley ante un ejemplar de la Constitución Política, la misma que se encuentra en proceso de reforma para incluir la figura de estos colectivos como un cuerpo auxiliar de apoyo a las fuerzas policiales.
Orígenes y Controversia
La figura de los colectivos tiene sus raíces en un modelo similar desarrollado en Venezuela, donde grupos armados afines al gobierno han jugado un papel clave en la disuasión de protestas y la consolidación del poder ejecutivo. En Nicaragua, su legalización ha generado un amplio rechazo por parte de organismos de derechos humanos y sectores opositores, quienes los señalan de ser responsables de acciones represivas desde 2018, en el marco de las protestas sociales contra el gobierno de Ortega.
En noviembre de 2024, Ortega propuso la creación oficial de este cuerpo a través de una reforma parcial a la Constitución, la cual está siendo discutida en el Parlamento, controlado en su mayoría por el oficialismo. Aunque la reforma aún no está en vigor, la juramentación de estos grupos refuerza el control del gobierno sobre el país en un contexto de creciente aislamiento internacional.
Imágenes y Testimonios
Las imágenes divulgadas por medios oficiales y la Policía Nacional muestran a los colectivos formados en bloques, vestidos con camiseta blanca, pantalón negro y zapatos negros, destacando la capucha negra que cubre sus rostros. Este uniforme, combinado con el uso de gafas de sol, refuerza la sensación de anonimato y poder que rodea a estas fuerzas. Su aparición en zonas fronterizas también ha despertado alarma en Honduras, que ve con preocupación la militarización de la región.
Antecedentes y Críticas
El surgimiento de los colectivos no es nuevo en el discurso oficialista. En septiembre de 2022, Ortega afirmó que la “policía voluntaria”, junto con el Ejército y la Policía Nacional, había sido clave para restaurar la “paz” tras la revuelta popular que estalló en abril de 2018. Sin embargo, esta versión contrasta con los informes de organismos humanitarios, que acusan a estos grupos de ejecutar la denominada ‘Operación Limpieza’, una estrategia destinada a sofocar las manifestaciones en su contra mediante violencia y represión.
La crisis política y social en Nicaragua se profundizó tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato consecutivo, con sus principales oponentes encarcelados o exiliados. A estos líderes opositores se les retiró la nacionalidad y sus derechos políticos bajo acusaciones de “traición a la patria”, según denuncias de organizaciones internacionales.
Perspectivas y Reacciones
El anuncio de los colectivos ha generado reacciones inmediatas. Opositores y analistas consideran que esta medida institucionaliza la presencia de grupos paramilitares y consolida un estado policial en Nicaragua. Por su parte, el gobierno de Ortega argumenta que los colectivos son una medida necesaria para garantizar la seguridad ciudadana y proteger los logros de la revolución sandinista.
En tanto, la comunidad internacional observa con cautela el desarrollo de esta nueva estrategia gubernamental. Los organismos de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de un aumento en la represión y las violaciones a los derechos fundamentales, mientras que países vecinos temen una mayor desestabilización regional.
La situación en Nicaragua sigue siendo incierta, pero lo que queda claro es que la creación y juramentación de estos colectivos marca un nuevo capítulo en la prolongada crisis que enfrenta el país centroamericano.
