La promesa de instalar una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) fue uno de los pilares del discurso de campaña de la actual presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, a menos de un año de que concluya su mandato, esa promesa parece haberse esfumado.

En declaraciones brindadas al noticiero TN5 Estelar de Canal 5, el exsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana, fue tajante: “En este gobierno ya no viene, es imposible”, dijo al referirse a la llegada de la CICIH, subrayando que tanto los protocolos de Naciones Unidas como las trabas internas del Congreso Nacional hacen inviable su implementación en el corto plazo.

Según Orellana, la creación de este mecanismo anticorrupción no solo enfrenta obstáculos burocráticos, sino también políticos. “Aprobar lo concerniente a la CICIH implica que algunos de estos diputados vayan a la cárcel. En cambio, aprobar el presupuesto les garantiza subvenciones para su reelección”, expresó, insinuando que existen poderosos intereses que prefieren mantener la impunidad antes que permitir una investigación seria y externa sobre los actos de corrupción pública.

Impunidad legalizada

Otro de los factores que ha debilitado la lucha contra la corrupción, según el exfuncionario, ha sido la aprobación de leyes que desvían las investigaciones hacia el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en lugar de dejarlas en manos del Ministerio Público o el Poder Judicial. Esto, a su juicio, ha convertido al TSC en una especie de refugio legal para casos que deberían ser judicializados.

Asimismo, cuestionó la aplicación de amnistías políticas, que en su opinión han beneficiado a exfuncionarios acusados de corrupción sin que exista evidencia de que las acusaciones fueron motivadas políticamente. “Si realmente fue por motivación política, habría que preguntarse quién presentó la acusación con ese fin”, señaló Orellana, haciendo un llamado a revisar con mayor rigurosidad el uso de estas medidas.

La ONU también alzó la voz

En diciembre de 2024, una misión técnica de las Naciones Unidas publicó un informe en el que constataba el incumplimiento de varias reformas claves que el gobierno hondureño debía llevar a cabo para permitir el establecimiento de la CICIH.

Entre las recomendaciones más relevantes, la ONU pidió derogar el decreto de amnistía que benefició a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya, esposo y actual asesor de la presidenta Xiomara Castro. También instó a eliminar o modificar el decreto 117-2019, que otorga inmunidad parlamentaria, así como ajustar el Código Procesal Penal para que la CICIH pueda actuar legalmente como acusador privado o querellante autónomo.

Un memorándum que no avanza

A pesar de las reiteradas declaraciones públicas del gobierno sobre su compromiso con la CICIH, el memorándum de entendimiento con la ONU ha sido ampliado ya en cuatro ocasiones sin que se materialicen los pasos concretos necesarios para su implementación. En la práctica, la CICIH ha quedado como una promesa más en el papel, sin fuerza legal ni respaldo institucional.

Así, la ciudadanía hondureña sigue esperando un mecanismo real que combata la corrupción. Pero, como advierte Orellana, el tiempo se ha agotado para el actual gobierno, y con él, también la esperanza de ver justicia en los casos más emblemáticos de corrupción.