24 de mayo de 2025, 4:15 AM
WASHINGTON, D.C. — La angustia se apodera de unos 55 mil hondureños que actualmente residen legalmente en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), mientras se avecina una posible revocación de este beneficio migratorio que ha sido una tabla de salvación para decenas de miles de familias durante más de dos décadas.
«Estamos en estado de indefensión, no tenemos un gobierno que nos cubra, que nos proteja», expresó con frustración Rosa Díaz, una hondureña radicada en Houston desde hace 20 años. Como ella, miles temen ser forzados a regresar a un país que consideran ajeno y hostil, no solo por el clima de violencia, sino también por la falta de respaldo de su propio gobierno.
El malestar entre la comunidad hondureña en el exterior crece, particularmente por la percepción de abandono por parte de la administración de la presidenta Xiomara Castro. Mientras países como El Salvador y Nicaragua han hecho gestiones diplomáticas activas para defender el estatus de sus ciudadanos amparados por el TPS, Honduras ha sido, según muchos de sus nacionales en EE.UU., una voz silente.
“Más bien el gobierno socialista de Honduras hace todo lo contrario”, reclamó Samuel Torres, líder comunitario en Los Ángeles. “No solo no hay apoyo institucional, sino que sentimos que somos invisibles para ellos. Están más enfocados en su agenda interna que en proteger a los migrantes que sostienen la economía hondureña con remesas.”
Según datos del Banco Central de Honduras, los hondureños en el exterior enviaron más de 9 mil millones de dólares en remesas durante 2024, representando más del 25% del PIB nacional. La posible deportación de miles de estos trabajadores representaría un golpe devastador para muchas familias dependientes de esos ingresos.
ABANDONO DIPLOMÁTICO
Diversos sectores han criticado la ausencia de un esfuerzo diplomático contundente por parte del gobierno hondureño. Analistas consideran que esta falta de estrategia podría interpretarse como una negligencia hacia uno de los sectores más importantes de la población: la diáspora.
“Se percibe una desconexión total entre el gobierno y sus ciudadanos en el exterior”, opinó la internacionalista Ana Gabriela Ávila. “La política exterior de Honduras no prioriza la defensa de los intereses de sus migrantes. Esto genera un vacío en un momento en que la acción diplomática es vital.”
Algunos congresistas estadounidenses también han comenzado a expresar preocupación. El representante Joaquín Castro (D-TX) ha pedido públicamente que se garantice la permanencia del TPS para todos los países centroamericanos con altos índices de riesgo humanitario.
¿QUÉ VIENE?
La renovación del TPS depende en gran medida de decisiones políticas dentro del gobierno de EE.UU., pero también de la presión que logre ejercer la comunidad afectada, la sociedad civil y, en menor medida, el gobierno hondureño si decide tomar cartas en el asunto.
Por ahora, para los más de 55 mil hondureños amparados por este programa, cada día es un recordatorio de que su permanencia legal está colgando de un hilo, sin garantías, sin respaldo oficial y con la constante sombra del retorno forzado a un país que sienten que los ha abandonado.
