Tegucigalpa, 28 de mayo de 2025 — En un acontecimiento que podría marcar un antes y un después en la política de seguridad nacional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó este miércoles la admisión de un recurso de inconstitucionalidad contra el estado de excepción vigente en Honduras desde diciembre de 2022. La acción judicial fue interpuesta por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de su brazo jurídico, el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), con el objetivo de cuestionar la legitimidad de las medidas excepcionales implementadas por el Poder Ejecutivo.
El recurso fue presentado el pasado 5 de febrero y cuestiona directamente los decretos ejecutivos PCM-29-2022 hasta el más reciente PCM-30-2025. Según el argumento central de ASJ, estas normativas han suspendido de forma prolongada garantías constitucionales fundamentales, como el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libre circulación y la inviolabilidad del domicilio. Estas suspensiones, sostienen los peticionarios, se han implementado sin cumplir los requisitos establecidos por la Constitución de la República ni los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Honduras.
Suspensión prolongada e irregularidades constitucionales
El capítulo hondureño de Transparencia Internacional, representado en este caso por ASJ, ha denunciado que la medida de excepción ha sido prorrogada de forma consecutiva por más de dos años, superando ampliamente el límite de 45 días estipulado por el artículo 187 de la Constitución de la República. De las 18 declaratorias emitidas desde 2022, solo una habría cumplido con el procedimiento constitucional completo, incluyendo su ratificación por parte del Congreso Nacional.
La admisión del recurso implica que la Sala de lo Constitucional de la CSJ deberá examinar si las decisiones del Poder Ejecutivo se ajustan al marco legal que rige los estados de excepción en el país. Para notificarse oficialmente del avance del proceso, se presentaron ante la Corte Suprema los representantes de ASJ: Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia, y Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia.
Pronunciamiento de ASJ: «Una oportunidad para restituir derechos»
Nelson Castañeda expresó que la decisión de la Corte representa un paso trascendental hacia la defensa del orden constitucional y la restauración de derechos ciudadanos. “La admisión del recurso evidencia la importancia de revisar a fondo la legalidad y legitimidad de la suspensión prolongada de derechos fundamentales. El artículo 187 de la Constitución establece límites claros para el uso del estado de excepción, que deben respetarse para garantizar el debido proceso y la protección de las libertades ciudadanas”, declaró Castañeda.
El director de Seguridad y Justicia añadió que “es fundamental que el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Seguridad comprendan que impulsar y sostener públicamente la vigencia de un estado de excepción sin contar con la debida ratificación del Congreso Nacional constituye un acto grave que contraviene la Constitución y pone en riesgo el Estado de derecho en Honduras”.
¿Seguridad o debilitamiento del Estado de derecho?
Desde su implementación en diciembre de 2022, el estado de excepción ha sido presentado por el gobierno como una herramienta clave para combatir el crimen organizado, la extorsión y las maras. Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales han puesto en duda su efectividad y han cuestionado su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Tras más de dos años bajo estado de excepción, no se han observado resultados sostenibles en la reducción del crimen organizado, mientras que la ciudadanía ha visto restringidos derechos esenciales como la libertad de asociación y circulación”, añadió Castañeda, quien también advirtió sobre las preocupaciones expresadas por organismos internacionales de derechos humanos.
Fin del estado de excepción o fortalecimiento del autoritarismo: ese es el dilema que ahora enfrenta Honduras. La ciudadanía, por su parte, observa atenta y expectante.
Con la admisión del recurso, la responsabilidad recae ahora en la Sala de lo Constitucional, que deberá resolver sobre la legalidad del prolongado estado de excepción. En su rol de máxima intérprete de la Carta Magna, esta Sala tiene la obligación de determinar si las acciones del Poder Ejecutivo han vulnerado el marco constitucional y, de ser así, establecer medidas para el restablecimiento pleno de los derechos ciudadanos.
En un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y diversos sectores de la sociedad civil, esta decisión judicial será clave para definir el rumbo del país en materia de derechos humanos, legalidad institucional y separación de poderes.
