La FESCCO acusa por asociación para delinquir a directivos y operadores regionales de la red que habría defraudado a miles de hondureños con promesas de intereses imposibles
Tegucigalpa, 27 de junio de 2025 – La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) dio un nuevo giro al caso “Koriun Inversiones”, ampliando las acusaciones contra los principales responsables de lo que ya se perfila como uno de los fraudes financieros más escandalosos de la última década en Honduras.
A través de un nuevo requerimiento fiscal, el Ministerio Público formalizó cargos por el delito de asociación para delinquir contra Iván Abad Velásquez, gerente general de la empresa fachada “Koriun Inversiones”; su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez; y Marco Abel Villeda Galdámez, quienes previamente ya enfrentaban imputaciones por lavado de activos.
Pero la acusación no se detiene en la cúpula administrativa. La Fiscalía también ha señalado a los administradores de las sucursales ubicadas en La Entrada, Copán; Santa Bárbara; Juticalpa, Olancho; y Danlí, El Paraíso, quienes, según la evidencia recabada, habrían sido piezas clave en la expansión regional del esquema fraudulento.
Una red con rostro de legalidad, pero con intenciones ilícitas
“Koriun Inversiones” funcionó por meses con aparente legalidad. Sus oficinas contaban con mobiliario moderno, presencia en redes sociales, y empleados debidamente uniformados, lo que transmitía confianza a miles de ciudadanos de distintas regiones del país. No obstante, la oferta de un 5% de interés semanal garantizado sobre inversiones en efectivo era, desde el punto de vista financiero, inviable y sospechosa, según expertos consultados por la FESCCO.
Con esa promesa, la estructura logró atraer a miles de víctimas que entregaron sus ahorros con la ilusión de obtener rápidos beneficios. “Fue un gancho muy bien pensado. Usaron una mezcla de redes sociales, testimonios simulados de clientes satisfechos y una supuesta estructura corporativa que ocultaba el verdadero objetivo: apropiarse del dinero”, explicó una fuente cercana a la investigación.
Participación consciente y coordinada
De acuerdo con el Ministerio Público, todos los imputados actuaron con pleno conocimiento del carácter ilícito del esquema y participaron de manera directa en su ejecución. La operación no fue casual ni limitada a unos pocos individuos, sino que se trató de una organización estructurada, con roles específicos en captación de fondos, administración, manejo de cuentas y lavado de dinero.
“Estamos ante una red que se disfrazó de empresa para delinquir, sabiendo que las ganancias ofrecidas no podían generarse legalmente. El propósito era claro: captar dinero a gran escala, prometer retornos altos e inmediatos, y luego desaparecer con el capital”, explicó un fiscal asignado al caso.
Las pruebas en poder del Ministerio Público incluyen documentos bancarios, contratos simulados de inversión, chats y correos electrónicos que vinculan directamente a los acusados con la estrategia de captación y redistribución del dinero entre nuevas víctimas, al estilo de un esquema piramidal.
Una estafa con huella nacional
Los efectos del fraude no se limitaron a una sola región. De acuerdo con los avances del proceso, la red de “Koriun Inversiones” llegó a operar en al menos seis departamentos del país, incluyendo sectores rurales donde la educación financiera es limitada y donde muchas familias invirtieron su capital sin sospechar del engaño.
Más acusaciones por venir
El caso aún no ha terminado. Las autoridades no descartan nuevas capturas, ya que se investiga la posible participación de cómplices externos, como asesores legales y contables que habrían ayudado a montar la fachada de legalidad, e incluso de funcionarios públicos que, por acción u omisión, facilitaron el funcionamiento de la estructura.
Además, se está rastreando el paradero de los fondos captados, muchos de los cuales podrían haber sido transferidos al extranjero o invertidos en bienes inmuebles y vehículos de lujo, que ahora estarían en proceso de aseguramiento.
