Estados Unidos —
La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses residentes en EE.UU. desde hace más de dos décadas ha caído sobre la comunidad migrante como un mazazo emocional y legal. El anuncio, que se hará efectivo en 60 días, deja a decenas de miles de familias en un limbo migratorio, obligadas a buscar una salida desesperada ante la amenaza de deportación.
Un golpe inesperado
Aunque desde mayo los beneficiarios del TPS esperaban una respuesta del gobierno estadounidense, esta nunca llegó. “Quedamos en la incertidumbre. El silencio fue abrumador y doloroso”, dijo Flores. El anuncio oficial llegó sin previo aviso, dejando a los beneficiarios con apenas dos meses para regularizar su estatus o enfrentar la posibilidad de deportación.
El golpe es aún más desconcertante debido a que apenas el 25 de junio, Honduras y Estados Unidos firmaron un acuerdo migratorio durante la visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional. En esa ocasión, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, suscribió un convenio como “tercer país seguro”, comprometiéndose a recibir solicitantes de asilo de otras nacionalidades antes de que lleguen a suelo estadounidense.
Flores lamentó que ese convenio haya sido interpretado como una señal de que Honduras está en condiciones de ofrecer refugio, cuando la realidad es muy distinta. “El acuerdo ha enviado un mensaje erróneo a la comunidad internacional: que Honduras es segura. Eso no es cierto”, enfatizó.
El Departamento de Estado de EE.UU. ha documentado en sus propios informes las condiciones adversas en Honduras: corrupción institucional, violencia, impunidad, persecución a periodistas y falta de acceso a oportunidades básicas como empleo y salud. Estos factores, según Flores, convierten a Honduras en un país que continúa siendo elegible para el TPS.
“La violencia, el desempleo, la inseguridad y el control político autoritario del actual gobierno impiden un retorno seguro”, argumentó el activista, haciendo énfasis en la represión a la prensa independiente y la creciente militarización del aparato estatal en Honduras bajo la administración de Xiomara Castro.
El “mensaje equivocado” del programa “Hermanos, vuelvan a casa”
Una de las críticas más duras proviene del nuevo programa oficial “Hermanos, vuelvan a casa”, impulsado por el gobierno hondureño para recibir a deportados con bonos y asistencia básica.
“El programa ha sido usado para proyectar una imagen falsa de estabilidad. No basta con dar bonos o recibir con abrazos a quienes regresan obligadamente. Mientras no se aborde la corrupción, la violencia y la falta de oportunidades, la migración seguirá siendo la única salida para miles”, advirtió.
Gobierno de Xiomara Castro promete respaldo a hondureños tras fin del TPS en EE. UU.
