Fecha: 18 de julio de 2025
Autor: Redacción Política
Tegucigalpa. La polémica en el Congreso Nacional de Honduras continúa encendida tras la confirmación oficial de que la diputada por el partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar, continúa recibiendo su salario mensual y mantiene su estatus como diputada activa, a pesar de estar involucrada en un caso de presunta corrupción ligado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El vicepresidente del Legislativo, Hugo Noé Pino, aclaró públicamente que Cuéllar no ha sido suspendida ni enfrenta acciones judiciales formales que ameriten su destitución o inhabilitación. “No ha sido objeto de juicio político ni enfrenta acciones legales que limiten sus funciones. Por tanto, sigue siendo diputada con todos sus derechos y beneficios vigentes”, expresó.
Cuéllar fue vinculada al escándalo conocido como el “cheque video”, un material audiovisual filtrado en redes sociales en el que aparece supuestamente dialogando con el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, sobre la presunta utilización de fondos estatales para favorecer estructuras políticas del partido Libre en el departamento de Copán.
Aunque el video generó un fuerte impacto en la opinión pública y derivó en la separación de Cardona de su cargo, en el caso de la diputada no se han establecido medidas disciplinarias más allá de un permiso temporal otorgado por el presidente del Congreso, Luis Redondo, desde el pasado 2 de julio. El permiso fue concedido, según la versión oficial, para que Cuéllar “solvente su situación ante los entes de investigación”.
Permiso sin consecuencias
A pesar de que la diputada no está acudiendo a sesiones legislativas, continúa cobrando su salario como parlamentaria, lo que ha provocado indignación en sectores de la sociedad civil, organizaciones anticorrupción y algunos sectores de la oposición política.
“No basta con decir que hay auditorías. Si hay un video con evidencias que comprometen a una diputada con uso irregular de fondos públicos, el Congreso no puede quedarse pasivo”, opinó un diputado opositor que pidió el anonimato.
Pino defendió la postura del Congreso argumentando que no se pueden tomar decisiones arbitrarias sin base jurídica sólida. “Hay procedimientos que deben cumplirse. Hasta que se determinen responsabilidades formales, no se puede hablar de suspensiones”, reiteró.
Casos paralelos y desinformación
Durante su comparecencia ante los medios, Hugo Noé Pino también desmintió que el exdiputado y exsecretario del Congreso, Carlos Zelaya, esté recibiendo salario del Legislativo, como aseguraban algunos reportes de prensa. “Eso es completamente falso. Los documentos que circularon están descontextualizados o son erróneos”, sentenció.
Asimismo, reiteró que las subvenciones asignadas por el Congreso deben tener justificación documentada, y que los recursos provenientes del Fondo Social son manejados por otras instituciones gubernamentales y no directamente por los diputados.
Cuestionamientos éticos y políticos
El caso de Isis Cuéllar revive el debate sobre la ética y la transparencia dentro del Congreso Nacional. A pesar de que no hay una imputación legal en su contra, su implicación en un escándalo de presunto desvío de fondos públicos y su continuidad en la nómina parlamentaria proyectan una imagen de impunidad que preocupa a la ciudadanía.
“¿De qué sirve que separen a ministros si a los diputados implicados solo les dan vacaciones pagadas?”, cuestionó el abogado y analista político Carlos Sierra, quien urgió al Congreso a tomar decisiones más firmes frente a los actos de corrupción.
A la espera de los resultados de las auditorías anunciadas por las autoridades, la situación de Cuéllar podría escalar si los entes de investigación confirman irregularidades. Sin embargo, por ahora, la diputada sigue siendo parte del Poder Legislativo, protegida por la presunción de inocencia y por un sistema que, según sus críticos, tarda demasiado en actuar.
Conclusión
Mientras en otras instituciones del Estado los señalados por corrupción enfrentan medidas cautelares inmediatas, en el Congreso Nacional el caso de la diputada Isis Cuéllar se maneja con cautela y sin consecuencias visibles. Su permanencia en el cargo, con salario incluido, refleja un patrón de permisividad que golpea la confianza ciudadana en las instituciones democráticas del país.
