Por: Héctor A. Martínez*
Cuando las condiciones morales de un sistema político entran en colapso -como sucede en Honduras-, el último bastión que interviene en la sociedad para recordarnos que debemos reencauzar la institucionalidad son las iglesias. En nuestro caso, tanto la Iglesia evangélica como la católica han convenido en tomar las riendas morales que la oposición política y las élites soltaron desde hace meses para allanar el camino eleccionario al PRL.
El desafío que hoy asumen las iglesias no obedece solo a un afán de denuncia permanente; es, sobre todo, una convocatoria a la acción concreta orientada a despertar una conciencia colectiva, reflexión y discernimiento compartido. Basta recordar el poderoso impacto que tuvo la resistencia pacífica emprendida por el luteranismo bajo la guía de Martin Luther King Jr., y la lucha del arzobispo Desmond Tutu contra el apartheid sudafricano. A pesar del prestigio moral, estas cruzadas encontraron tremendas dificultades, ya que el establishment jamás está dispuesto a tolerar las críticas ni ceder ante las demandas de los grupos opositores.
Que la Iglesia en Honduras haya convocado a las calles tiene un triple significado: sociológico, moral y teológico. Primero, porque hay que sacar a la gente de la comodidad de sus hogares; segundo, mostrarle al Gobierno que con las protestas se evidencia que se ha perdido toda legitimidad; y tercero, al igual que dicta la promesa de la salvación, los individuos deben trazar su propio destino sin esperar a que una fuerza externa –en este caso el Estado- decida por ellos. “Donde hay poder, decía Foucault, hay resistencia”, lo que significa que llega el día en que los ciudadanos se hartan de sobrevivir sin esperanzas y con miedos.
Las razones por las que la Iglesia llama a la protesta son la profunda desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema político y la ausencia de una fuerza mediadora y unificadora entre la sociedad civil y el Estado.
Este llamado no hubiese sido posible si el país no enfrentara contradicciones políticas y económicas que, cada vez con mayor claridad, se revelan como insalvables para nuestra sociedad. La mayoría de estas contradicciones, si bien provienen del pasado bipartidista, se han vuelto insoportables, y nada parece ofrecer una salida real a los problemas. Al menos no mientras persista el comportamiento infame de los “representantes” del pueblo en el Congreso Nacional o con la manifiesta incapacidad de las instituciones estatales. En este punto crítico de nuestra historia, la Iglesia intenta restablecer el fundamento moral extraviado, sin el cual el sistema político pierde legitimidad y desconexión con el bien común.
Así, la calle y la plaza se convertirán, a partir de hoy, en el parlamento donde coincidirán familias, amistades y desconocidos con un propósito común: salvar el país de la fatalidad que desde ya avistamos en el horizonte político. Si el púlpito no resultara suficiente, esos lugares de congregación ecuménica servirán para recordarles a los políticos que la democracia comienza con el respeto a las decisiones electorales, al pluralismo y a la dignidad de las personas.
Y la Iglesia, consciente del rumbo fatal que pudieran tomar las contradicciones sociales, busca evitar que Honduras repita la trágica experiencia de El Salvador en los años 80 y la desgracia totalitaria que hoy sufre Nicaragua.
